Después de un primer intento fallido el año pasado, el Parlamento francés aprobó finalmente, el 21 de julio, la llamada ley de emergencia agrícola, que permite reintroducir de forma excepcional dos pesticidas prohibidos en el país: el acetamiprid y la flupiradifurona. La norma, conocida popularmente como “Ley Duplomb” en honor al senador que impulsó el artículo más polémico, generó una fuerte división política que terminó con la renuncia de una ministra del gobierno.
Cómo se aprobó la ley
La Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto la madrugada del 21 de julio, con 296 votos a favor y 224 en contra, tras un debate marcado por fuertes tensiones incluso dentro de la propia coalición de gobierno. Ese mismo día, el Senado ratificó de forma definitiva la norma, con 214 votos a favor y 111 en contra. Durante la tramitación, diputados de los partidos Renacimiento, MoDem y Liot intentaron eliminar el artículo sobre los pesticidas mediante una enmienda, pero el propio Gobierno impidió que fuera debatida, lo que generó críticas incluso de parlamentarios de la mayoría oficialista.
Qué permite exactamente la nueva norma
La ley faculta a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) para autorizar, bajo criterios estrictos y de manera excepcional, el uso de acetamiprid y flupiradifurona en un número limitado de producciones agrícolas que atraviesan dificultades económicas. Ambas sustancias pertenecen a la familia de los neonicotinoides, un grupo de insecticidas prohibido para uso en campo abierto en la Unión Europea desde 2018, tras un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). El acetamiprid, sin embargo, sigue siendo la única sustancia de este grupo actualmente autorizada a nivel de la Unión Europea, lo que explica la particularidad del caso francés: está prohibido en Francia, pero no en el resto del bloque europeo.
Un intento que ya había fracasado antes
Esta no es la primera vez que Francia intenta reintroducir estas sustancias. En el verano de 2025, una iniciativa similar —la primera versión de la “Ley Duplomb”— fue anulada por el Consejo Constitucional francés, que consideró que su regulación era insuficiente y que su uso vulneraba la Carta del Medio Ambiente del país, la cual garantiza el derecho a vivir en un entorno equilibrado y saludable. La oposición de izquierda ya anunció que volverá a recurrir esta nueva versión de la ley ante el mismo tribunal.
Los argumentos en disputa
Quienes defienden la norma, incluidos sectores de la derecha tradicional y partidos de ultraderecha, sostienen que la medida es necesaria para garantizar la soberanía alimentaria francesa, frente a lo que consideran una desventaja competitiva de los agricultores del país respecto a sus pares de otros Estados europeos donde estas sustancias sí están permitidas. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, defendió la aprobación señalando que la ley da respuestas urgentes al sector agrícola, y pidió no rechazar todo el texto por la controversia en torno a un solo artículo. El propio primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió no instrumentalizar políticamente la norma, argumentando que su alcance va mucho más allá de ese punto específico.
Del otro lado, organizaciones ambientales y buena parte de la izquierda francesa advierten que ambas sustancias tienen un impacto documentado sobre la biodiversidad, contaminan fuentes de agua, son letales para las abejas y otros polinizadores —responsables de la reproducción de cerca del 35% de los cultivos a nivel mundial— y podrían tener efectos sobre la salud humana, incluyendo la de los propios agricultores que las aplican.
Un costo político inmediato
La aprobación de la ley tuvo un costo político directo: la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, quien se había opuesto abiertamente a la norma, anunció su renuncia al presidente Emmanuel Macron apenas el Senado ratificó el texto. El episodio deja en evidencia las fracturas que sigue generando, dentro y fuera del gobierno francés, la tensión entre la competitividad del sector agrícola y la protección ambiental, un debate que, con el nuevo recurso anunciado ante el Consejo Constitucional, todavía no está cerrado.
Fuentes: Euronews, France 24, EFE (vía Infobae, Swissinfo, Naiz), teleSUR, Valencia Fruits, Agropopular, Agroinformación, Asamblea Nacional de Francia.