El presidente nicaragüense Daniel Ortega anunció que su país no volverá a celebrar elecciones, cancelando de facto los comicios que estaban previstos para noviembre de 2027. La declaración, calificada por la oposición y organismos internacionales como el reconocimiento explícito de la dictadura de Ortega ya consolidada, deja a millones de nicaragüenses sin ninguna vía institucional para cambiar de gobierno, en un país cuya economía rural —sostenida en gran parte por pequeños productores de café, granos y ganado— arrastra ya tres años consecutivos de estancamiento.

La frase que confirmó lo que ya se sospechaba

Ortega, en el poder hace 19 años, fue directo al justificar su decisión: no habrá comicios para que la oposición pueda intentar llegar al gobierno. El anuncio formaliza un proceso que ya venía en marcha desde enero de 2025, cuando el Congreso —controlado por el oficialismo— amplió en un año el mandato presidencial, y que se suma a las elecciones de 2021, en las que Ortega se declaró ganador después de encarcelar a todos los candidatos opositores con posibilidades reales de vencerlo.

Entre las reacciones más duras estuvo la de Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial que estuvo preso hasta ser expulsado a Estados Unidos en 2023 junto a más de 200 presos políticos, quien sostuvo que Ortega finalmente se atrevió a decir lo que siempre pensó. El analista de ACLED Tiziano Breda planteó que el régimen optó por eliminar por completo la competencia electoral antes que simular una elección arreglada. Desde el exilio, el movimiento opositor Renacer afirmó que el anuncio confirma que Nicaragua ya no se gobierna con el consentimiento de sus ciudadanos, sino por la fuerza.

La condena internacional, y la respuesta de Managua

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, acusó al régimen de haber abandonado la democracia “incluso la apariencia de ella”. El Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por el cierre de espacios cívicos y la persecución de voces disidentes en su vecino, recordando que no reconoció las elecciones de 2021 por falta de garantías. La Cancillería nicaragüense respondió invocando el principio de no injerencia en asuntos internos, calificando de “atrevidas” las declaraciones costarricenses y remarcando que Nicaragua ejerce su soberanía como cualquier otro Estado.

Qué significa para los nicaragüenses de a pie

Más allá del cruce diplomático, la decisión tiene un efecto muy concreto sobre la vida cotidiana de millones de nicaragüenses: la vía electoral, entendida como el mecanismo institucional para exigir rendición de cuentas o simplemente cambiar de autoridades, deja de existir como opción. Para la oposición en el exilio, esto implica que cualquier expectativa de una transición gradual o negociada queda cerrada, y que la única forma de disidencia que le queda al país es la que ya ha ejercido durante años: la salida al exilio, documentada en los más de 200 presos políticos expulsados en 2023 y en el creciente flujo migratorio nicaragüense hacia Costa Rica y Estados Unidos.

El país que la dictadura de Ortega gobierna sin oposición

Nicaragua sigue siendo, según cifras del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el país con el ingreso per cápita más bajo de Centroamérica, con un 40% de su población en condición de pobreza —cifra que sube a 63% en las zonas rurales, con las comunidades indígenas entre las más golpeadas—. En ese contexto, el sector agropecuario nicaragüense acumula ya tres años consecutivos de contracción o crecimiento nulo, representando apenas un 6,8% del PIB en 2024, muy por debajo de lo que supo ser una de las bases productivas históricas del país.

El campo detrás de la política

La agricultura y la ganadería no son un dato menor en Nicaragua: dan empleo a cerca del 30% de la fuerza laboral del país y los pequeños productores generan el 80% de los cereales y el 65% de los productos ganaderos nacionales, además del 56% de las exportaciones agrícolas —entre ellas café, carne, maní, azúcar, frijoles y lácteos—. El café, en particular, sigue siendo parte central de la identidad productiva y cultural de zonas como Matagalpa, donde generaciones de familias campesinas han sostenido su economía en torno al grano pese a la falta crónica de financiamiento y a un clima cada vez más adverso.

Pero ese tejido productivo convive con una desigualdad estructural en el acceso a la tierra que ilustra bien las tensiones de fondo del país: según cifras citadas por analistas económicos independientes, más de 122 mil productores con propiedades menores a cinco manzanas representan casi la mitad de todos los propietarios agrícolas del país, pero controlan apenas 2,6% de la tierra cultivable, mientras poco más de 7 mil productores de gran escala concentran 38,5% de esa misma tierra. En un país donde la vía electoral para exigir cambios institucionales acaba de cerrarse por completo, esa misma desigualdad en el campo —el espacio donde vive y trabaja la mayoría rural del país— queda, por ahora, sin ningún canal político para ser discutida.