Desde comienzos de 2025, un movimiento impulsado por el gobierno de Estados Unidos ha generado uno de los debates más intensos entre el sector agrícola y el mundo de la salud pública del país: MAHA, sigla de “Make America Healthy Again” (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar saludable”). El proceso, liderado por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., terminó enfrentando a agricultores, industria agroquímica y organizaciones de salud en una disputa que sigue sin resolverse del todo.
El origen, una comisión creada por decreto presidencial
El presidente Donald Trump estableció la Comisión MAHA mediante una orden ejecutiva en febrero de 2025, con el objetivo declarado de abordar el aumento de enfermedades crónicas en la niñez estadounidense. El primer informe de la comisión, publicado en mayo de ese año, identificó como factores de riesgo la mala alimentación, la acumulación de “toxinas ambientales”, la falta de actividad física y el estrés crónico. Dentro de ese diagnóstico, el reporte mencionó específicamente al glifosato, la atrazina y el clorpirifos —tres de los agroquímicos más utilizados en la agricultura estadounidense— como posibles contribuyentes a problemas de salud infantil.
La reacción del sector agrícola
La mención generó una respuesta inmediata y masiva del mundo agrícola. Más de 300 organizaciones agrícolas, junto a agricultores individuales, expresaron su preocupación ante la comisión. Una encuesta de la Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA), realizada entre más de mil agricultores, mostró que un 85% considera las malezas su principal amenaza productiva, y que el glifosato y la atrazina son sus herramientas más utilizadas para combatirlas. Agricultores como Scott Henry, productor de maíz y soya de cuarta generación en Iowa, defendieron públicamente el uso del glifosato, señalando que permite reducir varias pasadas de arado, con el consiguiente ahorro de combustible, emisiones y erosión del suelo.
Gremios como el American Farm Bureau Federation y la Modern Ag Alliance advirtieron que perder acceso a estas herramientas podría elevar los costos de producción hasta en 150% y encarecer significativamente los precios de los alimentos.
El reporte final, un giro que generó nuevas críticas
Tras meses de presión del sector agrícola, la estrategia final de la comisión, publicada en septiembre de 2025 con 128 iniciativas, eliminó toda mención directa al glifosato y suavizó de forma considerable el tono sobre pesticidas respecto al primer informe. El documento final calificó el sistema de revisión de pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como “robusto”, y priorizó medidas como el uso de drones y tecnología de precisión para reducir volúmenes de aplicación, además de impulsar la salud del suelo y facilitar la certificación orgánica para pequeños productores.
Ese giro generó una reacción igual de fuerte, pero en sentido contrario. Organizaciones de salud pública y medioambientales, como el Center for Biological Diversity, Friends of the Earth y el Pesticide Action Network, acusaron a la comisión de haber cedido ante la presión de la industria agroquímica. Citaron, entre otros datos, que la Organización Mundial de la Salud clasificó a la atrazina como “probable carcinógeno humano” en noviembre de 2025, y que Estados Unidos permite el uso de al menos 85 pesticidas que están prohibidos o en proceso de eliminación en la Unión Europea, China o Brasil.
Un debate que sigue abierto
A comienzos de este año, organizaciones como el Natural Resources Defense Council (NRDC) señalaron que, pese al diagnóstico inicial del propio Kennedy sobre el riesgo de estos agroquímicos, la comisión terminó recomendando “no cambiar nada” en materia regulatoria. El propio secretario de Salud reconoció públicamente ante el Senado que “hay un millón de agricultores que dependen del glifosato”, y que no se tomarían medidas que pusieran en riesgo ese modelo productivo.
El resultado es un proceso que, según cómo se mire, puede leerse de dos formas muy distintas: para el sector agrícola, una victoria de la evidencia científica y la sensatez regulatoria frente a un pánico infundado; para organizaciones de salud pública, una oportunidad perdida para reducir la exposición infantil a químicos que otros países del mundo ya restringen. Lo que sí queda claro es que MAHA transformó a los agroquímicos, por primera vez en años, en un tema de debate público de primer nivel en Estados Unidos, con consecuencias que la propia comisión reconoce que seguirá evaluando a través de una actualización de la evaluación de riesgo de herbicidas comunes prevista para este año.
Fuentes: No-Till Farmer, DTN, AgWeb, Baking Business, AgAmerica, Northern Ag Network, Agrolatam, Center for Biological Diversity, Friends of the Earth, NRDC, Pesticide Action Network, Agri-Pulse, CropLife America.
por Juan Lagos