Tras una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves, el Senado aprobó en particular el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social —conocido como “Ley Miscelánea” o “Ley Ómnibus”— un paquete de más de 40 normas que combina ayuda a zonas afectadas por incendios, rebajas tributarias y cambios ambientales. El texto ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite, mientras la oposición ya anuncia una batería de requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Un proyecto que nació hace tres meses y llega a su recta final

El presidente José Antonio Kast ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2026, bajo el nombre oficial de “reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”. Tras su paso por la Cámara Baja, la iniciativa llegó al Senado, donde el 2 de julio se aprobó en general con 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención, habilitando su análisis en particular en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda.

La votación en particular se extendió durante toda la jornada del miércoles 15 de julio y se prolongó hasta cerca de las 2:40 de la madrugada del jueves, en una sesión que el propio oficialismo describió como clave para la agenda del gobierno. El quórum de 26 votos que necesitaba el Ejecutivo para las normas de quórum calificado se sostuvo, entre otros, con el respaldo del senador Miguel Ángel Calisto —exmilitante de Demócratas, investigado por un eventual fraude al Fisco y sujeto a un proceso de desafuero— cuya licencia médica había expirado el lunes previo a la votación.

Los ejes centrales de la Ley de Reconstrucción Nacional

Entre las normas más relevantes que aprobó el Senado destacan:

  • Rebaja del impuesto corporativo: el impuesto de Primera Categoría bajará gradualmente desde el 27% actual al 23%, medida que comenzará a regir desde el año comercial 2029, junto con la reintegración del sistema tributario. Ambas normas se visaron por un estrecho margen de 26 votos contra 24.
  • Ampliación del Fondo de Reconstrucción: se elevó desde $800.000 millones a $1.200.000 millones, extendiendo su cobertura a los incendios ocurridos en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
  • Cambios ambientales: se modificó el tratamiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) anuladas, reduciendo los plazos para que los órganos del Estado procesen invalidaciones de autorizaciones sectoriales —de dos años a uno, tras una negociación entre el Ejecutivo y la comisión de Medio Ambiente— además de acotar los efectos retroactivos de la norma.
  • Otras disposiciones incluyen facilidades de pago para créditos CAE con garantía estatal ejecutada, el llamado “derecho al olvido” financiero para deudas impagas de más de cinco años, y una rebaja del 50% por una sola vez en el impuesto a las donaciones afectas al impuesto a las herencias.

La reacción de la oposición

La tramitación no estuvo exenta de tensión política. El senador Francisco Huenchumilla cuestionó la forma “miscelánea” del proyecto, señalando que la mezcla de tantas materias distintas en un solo texto “no me da confianza” y que la falta de diálogo socava las confianzas entre los sectores políticos. La senadora Karol Cariola, por su parte, acusó que el proyecto “enmascara a nombre de la reconstrucción una reforma tributaria que está hecha para favorecer a los mismos de siempre” y advirtió retrocesos importantes en la normativa ambiental. Distintos senadores de oposición ya anunciaron que presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios capítulos del proyecto una vez que concluya su tramitación.

Organizaciones ambientalistas —entre ellas Greenpeace, Oceana y Fundación Terram— también manifestaron su rechazo público a la flexibilización de estándares ambientales incluida en el texto, calificando la modificación al régimen de RCA como un retroceso que facilita la expansión de actividades productivas sin la evaluación ambiental que exigía la normativa previa.

Qué viene

Consultado en terreno mientras supervisaba los daños del sistema frontal que afecta al país, el presidente Kast se mostró confiado en que el proyecto será aprobado “por un margen mayor” en su paso final por la Cámara de Diputados, instancia a la que el gobierno espera llegar el próximo martes. Sobre los eventuales requerimientos de la oposición ante el TC, el mandatario señaló que los parlamentarios “están en su derecho” de recurrir a esa vía. Si la Cámara no ratifica los cambios introducidos por el Senado —particularmente en materias como la franquicia tributaria del Sence y el crédito al empleo— deberá conformarse una comisión mixta para zanjar las diferencias antes de que el proyecto pueda convertirse en ley.

El guiño al agro

Entre los efectos indirectos de la reforma, dos aristas conectan directamente con el sector silvoagropecuario: la rebaja del impuesto corporativo a 23% beneficiará también a las empresas agroexportadoras del país en la misma lógica de competitividad tributaria que el gobierno defiende para atraer inversión, mientras que la ampliación del Fondo de Reconstrucción a $1.200.000 millones —con cobertura en Ñuble y Biobío, dos regiones de fuerte peso agrícola y forestal— podría traducirse en recursos adicionales para productores rurales de esas zonas afectadas por los incendios. El cambio en el régimen de RCA, por su parte, es justamente el que motivó el rechazo de organizaciones ambientalistas a la flexibilización de estándares para la industria salmonera, un antecedente que la industria agroalimentaria seguirá de cerca en su tramitación final.