Una startup chilena desarrolló una plataforma tecnológica que promete cambiar la forma en que los organismos públicos revisan su cumplimiento en materia de transparencia. Se trata de Comply, una herramienta que monitorea de manera automática y continua la información publicada por instituciones del Estado, detectando posibles incumplimientos antes de que se transformen en observaciones, reclamos o fiscalizaciones oficiales.
La innovación aparece en un momento clave. Hasta 2025, gran parte de las revisiones de cumplimiento normativo en transparencia seguían dependiendo de procesos manuales. Esto implicaba que equipos municipales, servicios públicos y otras entidades debían revisar periódicamente si su información estaba actualizada, publicada y disponible para la ciudadanía. En la práctica, ese sistema podía generar errores repetidos, demoras y brechas difíciles de corregir a tiempo.
Comply busca responder justamente a ese problema. La plataforma está enfocada en apoyar el cumplimiento de la Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, especialmente en lo relacionado con Transparencia Activa. Esta obligación exige que los organismos públicos mantengan disponible información clave sobre su funcionamiento, estructura, actos administrativos, personal, compras y transferencias de recursos.
Tecnología para anticiparse al error
La principal diferencia de esta plataforma es que no espera a que llegue una fiscalización para detectar una falla. Su lógica es preventiva. Revisa de manera continua los portales institucionales y alerta sobre posibles incumplimientos, permitiendo que las instituciones corrijan antes de recibir observaciones externas.
Entre los elementos que puede monitorear se encuentran actos administrativos, estructura orgánica, dotación de personal, compras públicas y transferencias de fondos. Todos estos ámbitos son parte de la información que las instituciones deben publicar y mantener actualizada para cumplir con los estándares de transparencia definidos en Chile.
El fundador de Comply, Diego González, explicó que la motivación surgió al observar que muchos errores se repetían en distintas instituciones. Según señaló, estos incumplimientos no siempre respondían a mala fe, sino muchas veces a la falta de herramientas adecuadas para gestionar una obligación normativa compleja y permanente.
González conoce de cerca el sistema. De acuerdo con Radio Agricultura, trabajó en el Consejo para la Transparencia entre 2014 y 2024, primero como jefe del Programa Municipal y luego como jefe de la Unidad de Fiscalización. Esa experiencia le permitió identificar brechas operativas concretas en organismos públicos, especialmente en aquellos con menos capacidades técnicas o equipos más reducidos.
Transparencia Activa: una obligación que no puede quedar al azar
La Transparencia Activa es uno de los pilares del acceso a la información pública. En simple, obliga a los organismos del Estado a publicar información relevante sin que la ciudadanía tenga que pedirla caso a caso.
Esto incluye antecedentes sobre autoridades, personal contratado, remuneraciones, actos y resoluciones, compras, licitaciones, transferencias, presupuesto y otros datos vinculados al uso de recursos públicos. Cuando esa información no está disponible, está incompleta o no se actualiza, se debilita la capacidad ciudadana de fiscalizar al Estado.
Por eso, una herramienta de monitoreo automático puede tener un impacto relevante. No solo ayuda a evitar sanciones o reclamos. También puede mejorar la calidad de la información pública, reducir cargas administrativas y fortalecer la confianza entre instituciones y ciudadanía.
El Estado también avanza hacia monitoreo y datos en tiempo real
La creación de Comply se suma a una tendencia más amplia: el uso de tecnología para mejorar el seguimiento de la transparencia pública. En 2025, el Consejo para la Transparencia presentó un nuevo sistema de monitoreo de portales, orientado a observar en tiempo real la experiencia de usuarios, la gestión de tramitaciones y el rendimiento tecnológico de plataformas como el Portal de Transparencia del Estado, InfoLobby, InfoProbidad y el sitio web del propio Consejo.
Ese sistema permite revisar visitas, páginas más consultadas, origen de usuarios, solicitudes de acceso a la información, amparos y reclamos de Transparencia Activa mediante visualizaciones dinámicas. La señal es clara: la transparencia pública está entrando en una etapa donde los datos, la automatización y el monitoreo permanente serán cada vez más importantes.
Además, el Consejo para la Transparencia lanzó en diciembre de 2025 “CPLT en Línea”, una plataforma que permite consultar datos sobre organismos públicos en materias de transparencia, lobby y probidad. Esta herramienta apunta a concentrar información que antes podía estar dispersa, facilitando el acceso ciudadano y el análisis institucional.
Un problema especialmente sensible para municipios y servicios pequeños
Aunque todas las instituciones públicas deben cumplir con la normativa, no todas cuentan con las mismas capacidades. Municipios pequeños, corporaciones municipales, servicios descentralizados y entidades con equipos administrativos limitados pueden enfrentar mayores dificultades para mantener sus portales al día.
La carga no es menor. Actualizar información de personal, actos administrativos, compras, transferencias y estructura interna requiere coordinación entre distintas unidades. Si no existe una herramienta de seguimiento, los errores pueden acumularse.
En ese escenario, una solución automatizada puede ser especialmente útil. Permite ordenar procesos, identificar brechas y reducir la dependencia de revisiones manuales. También puede ayudar a profesionalizar el cumplimiento normativo, pasando de una lógica reactiva a una gestión permanente.
Más transparencia, menos riesgo institucional
La transparencia no es solo una exigencia legal. Es también una herramienta de gestión pública. Una institución que publica información clara, actualizada y accesible reduce riesgos reputacionales, evita reclamos, mejora su relación con la ciudadanía y facilita la rendición de cuentas.
Cuando la información pública falla, el costo no es solo administrativo. También se erosiona la confianza. En tiempos donde la ciudadanía exige mayor control sobre el uso de recursos públicos, la falta de datos oportunos puede alimentar sospechas, conflictos y desinformación.
Por eso, herramientas como Comply apuntan a un espacio cada vez más relevante: la tecnología aplicada al cumplimiento público. No reemplazan la responsabilidad institucional, pero sí pueden entregar alertas, trazabilidad y evidencia para tomar mejores decisiones.
Transparencia algorítmica: el nuevo desafío que viene
El avance tecnológico también abre otra discusión: cómo transparentar el uso de algoritmos e inteligencia artificial dentro del Estado. El Consejo para la Transparencia ha promovido recomendaciones para que los organismos públicos documenten sus sistemas automatizados, explicando cómo funcionan, qué datos usan y qué impactos pueden tener sobre las personas.
En marzo de 2026, el propio Consejo publicó una propuesta de nueva ley de transparencia para Chile, donde planteó la necesidad de fortalecer competencias en materia de inteligencia artificial y algoritmos usados por órganos públicos. La razón es evidente: cada vez más instituciones incorporan sistemas automatizados para gestionar servicios, analizar datos o apoyar decisiones públicas.
Este punto es clave. La transparencia del futuro no será solo publicar planillas o documentos en un portal. También exigirá explicar cómo se toman decisiones automatizadas, qué criterios usa un sistema y cómo se protegen los derechos de las personas frente a nuevas tecnologías.
Innovación chilena con impacto público
La aparición de Comply muestra una oportunidad para el ecosistema tecnológico nacional. Muchas veces la innovación se asocia a consumo, fintech, retail o servicios privados. Sin embargo, existe un espacio enorme para desarrollar soluciones que mejoren la gestión del Estado, reduzcan brechas administrativas y fortalezcan instituciones.
En este caso, la plataforma aborda un problema concreto: cómo ayudar a los organismos públicos a cumplir mejor con la normativa de transparencia. Si logra escalar, podría convertirse en una herramienta útil para municipios, servicios regionales, corporaciones públicas y otras entidades sujetas a obligaciones de información.
Además, este tipo de soluciones puede contribuir a una cultura de cumplimiento más moderna. En vez de esperar una fiscalización, el organismo puede saber antes dónde está fallando y corregir a tiempo.
Una nueva etapa para la transparencia pública
Chile ha avanzado durante los últimos años en acceso a la información, datos públicos, lobby, probidad y fiscalización ciudadana. Pero el desafío ya no es solo tener normas. También es contar con sistemas que permitan cumplirlas de manera efectiva, simple y verificable.
La creación de una plataforma chilena que revisa automáticamente la transparencia estatal marca un paso interesante en esa dirección. No resuelve por sí sola todos los problemas de probidad o acceso a la información, pero sí entrega una señal clara: la tecnología puede ayudar a que el Estado sea más ordenado, más transparente y más confiable.
En un contexto donde la ciudadanía exige instituciones más abiertas y donde los organismos públicos enfrentan mayores exigencias de cumplimiento, la automatización puede transformarse en una aliada estratégica.
El desafío será que estas herramientas no queden solo como innovación aislada, sino que se integren a una política más amplia de modernización pública. Porque la transparencia no puede depender únicamente de la buena voluntad o de la capacidad manual de cada equipo. En el Estado del siglo XXI, la información pública debe ser accesible, actualizada y verificable de forma permanente.