El Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables contempla intervenciones en cerca de 66 mil puntos del país. La medida alcanzará a 319 comunas durante los próximos tres años.
El retiro de cables en desuso comenzó a tomar forma como una política pública de alcance nacional. El Gobierno dio inicio al Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, una medida que busca enfrentar uno de los problemas urbanos más visibles en calles, barrios y centros comerciales: la acumulación de cableado aéreo abandonado.
La iniciativa contempla intervenir cerca de 66 mil puntos en 319 comunas de las 16 regiones del país. Su ejecución se desarrollará durante los próximos tres años y estará a cargo de las empresas operadoras de telecomunicaciones, bajo coordinación y fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El objetivo es ordenar el tendido aéreo, retirar infraestructura en desuso y mejorar la seguridad del espacio público. También se busca asegurar la continuidad de las redes de telecomunicaciones, especialmente frente a emergencias, lluvias intensas o eventos climáticos extremos.
Una respuesta a la llamada “basura aérea”
Durante años, los cables abandonados han sido parte del paisaje urbano. En muchas comunas, los postes acumulan líneas antiguas, redes sin identificar y elementos que ya no prestan servicio.
Este problema no solo afecta la imagen de las ciudades. También puede generar riesgos para peatones, automovilistas, trabajadores y viviendas cercanas. La sobrecarga de postes, la caída de cables y el mal estado de la infraestructura pueden agravar emergencias urbanas.
Por eso, el plan apunta a retirar los elementos que ya no cumplen una función. También busca ordenar aquellos cables que sí están en uso, pero que hoy se encuentran mal instalados o sin identificación clara.
Ley Chao Cables: el marco que obliga a las empresas
La medida se apoya en la Ley N°21.172, conocida como Ley Chao Cables. Esta norma modificó la Ley General de Telecomunicaciones y reguló el tendido, la identificación, la mantención y el retiro de líneas aéreas y subterráneas.
La ley establece responsabilidades para concesionarias y permisionarias de servicios de telecomunicaciones. Además, permite sancionar el incumplimiento de la obligación de retirar cableado en desuso, con multas a beneficio municipal que van desde 100 a 1.000 UTM.
El reglamento también fija plazos. Una vez que un elemento es calificado como desecho, el retiro u ordenamiento no puede superar los cinco meses.
Planes anuales y metas por territorio
La implementación no será improvisada. La Subtel deberá aprobar planes anuales de retiro y ordenamiento presentados por las empresas. Estos planes tendrán metas nacionales, regionales y comunales.
Para construir esta planificación, la autoridad solicitó información a operadores, municipios, gobiernos regionales y ciudadanía. Ese levantamiento busca identificar los puntos más críticos y priorizar zonas donde el cableado genera mayores riesgos o impacto urbano.
La primera intervención se realizó en La Florida, en la Región Metropolitana. Desde ahí comenzará un despliegue progresivo que deberá avanzar hacia distintas comunas del país.
Seguridad, conectividad y mejor espacio público
El plan tiene varias dimensiones. La primera es la seguridad. Retirar cables abandonados reduce riesgos en calles, veredas, fachadas y postes sobrecargados.
La segunda es la continuidad de las telecomunicaciones. Un tendido más ordenado facilita la mantención, mejora la identificación de redes y ayuda a responder con mayor rapidez frente a emergencias.
La tercera es la calidad del espacio público. Menos cableado en desuso significa ciudades más limpias, ordenadas y amables para las personas. También mejora la imagen de barrios, centros cívicos y zonas comerciales.
Este punto es relevante para municipios y comunidades. La contaminación visual no suele aparecer entre las urgencias más visibles, pero afecta la percepción de seguridad, el valor urbano y la experiencia cotidiana de quienes habitan los territorios.
Un desafío de coordinación público-privada
El retiro de cables en desuso exigirá coordinación entre Estado, municipios, empresas y ciudadanía. Las operadoras deberán ejecutar los trabajos, pero la autoridad tendrá que fiscalizar y hacer seguimiento.
Los municipios también serán actores relevantes. Ellos conocen los puntos críticos, reciben reclamos vecinales y pueden ayudar a priorizar zonas de alto tránsito, sectores patrimoniales o barrios con mayor deterioro urbano.
La ciudadanía, por su parte, podrá aportar información sobre lugares afectados. Esto será clave para que el plan no quede solo en grandes avenidas, sino que también llegue a calles interiores y sectores residenciales.
Una política urbana largamente esperada
El inicio del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables marca un avance concreto después de años de tramitación y espera. La Ley Chao Cables fue promulgada en 2019, pero su implementación efectiva dependía de reglamentos, planes y coordinación institucional.
Ahora comienza la etapa más importante: la ejecución. El desafío será cumplir metas, fiscalizar a las empresas y asegurar que las intervenciones tengan impacto real en los territorios.
Si el plan avanza con orden y continuidad, podría convertirse en una mejora visible para millones de personas. No se trata solo de retirar cables. Se trata de recuperar espacio público, mejorar la seguridad y ordenar la infraestructura digital que sostiene la conectividad del país.