La normativa crea un marco jurídico para proyectos de desalinización de agua de mar. También establece una estrategia nacional, nuevas concesiones y prioridad para consumo humano.
La nueva Ley de Desalinización ya fue publicada en el Diario Oficial y abre una nueva etapa para la gestión del agua en el país. La norma busca ordenar el desarrollo de proyectos de desalación de agua de mar, entregar mayor certeza a las inversiones y fortalecer la seguridad hídrica.
La Ley N°21.813 fue publicada el 12 de mayo de 2026. Su objetivo es regular el desarrollo sostenible de iniciativas de desalinización, permitir distintos usos del agua de mar y contribuir a la adaptación al cambio climático. También incorpora el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros.
Durante la promulgación, el Presidente José Antonio Kast destacó que la normativa entrega por primera vez un marco jurídico integral para el desarrollo de proyectos de desalación. La medida apunta a dar más certeza regulatoria, ambiental y territorial a nuevas inversiones asociadas al abastecimiento hídrico.
Seguridad hídrica como prioridad nacional
La falta de agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos productivos y sociales del país. La sequía, el cambio climático y la presión sobre las cuencas han obligado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
En ese escenario, la desalinización aparece como una herramienta estratégica. No reemplaza la gestión eficiente del agua continental, pero sí puede complementar el abastecimiento en zonas costeras, mineras, industriales y urbanas.
La nueva ley busca entregar reglas más claras. Hasta ahora, los proyectos de desalación se tramitaban bajo una normativa dispersa. Esto generaba incertidumbre para inversionistas, comunidades y organismos públicos.
Concesión especial para proyectos desaladores
Uno de los principales cambios es la creación de una concesión especial para desalinización de agua de mar. Esta figura permitirá usar bienes nacionales ubicados en zonas costeras para extraer, tratar, conducir y disponer agua desalinizada.
La ley establece que estas concesiones podrán entregarse por un plazo máximo de 30 años. Además, podrán renovarse una sola vez, según las condiciones que fija la normativa.
Este punto es clave para proyectos de largo plazo. Las plantas desaladoras requieren inversiones altas, obras complejas y permisos coordinados. Por eso, la certeza jurídica se vuelve un factor decisivo.
Consumo humano tendrá prioridad
La norma también incorpora una obligación social relevante. La Dirección General de Aguas podrá exigir que ciertos proyectos destinen hasta un 5% de su capacidad de producción al consumo humano o saneamiento.
Esta medida aplicará en proyectos cuya finalidad principal no sea el abastecimiento de agua potable. El objetivo es proteger a comunidades cercanas y reforzar el interés público asociado al uso del agua desalinizada.
Distintos análisis han destacado este punto como uno de los cambios centrales. Hasta ahora, buena parte del agua desalada en el país se ha destinado a actividades industriales, especialmente minería. La nueva ley busca equilibrar ese desarrollo con las necesidades humanas y territoriales.
Estrategia Nacional de Desalinización
Otro eje importante será la Estrategia Nacional de Desalinización. Este instrumento deberá orientar el desarrollo sostenible de nuevos proyectos, considerando cambio climático, planificación territorial y seguridad hídrica.
La estrategia deberá identificar zonas con mayor aptitud para proyectos de extracción, conducción y desalación de agua de mar. También deberá considerar criterios para evitar descargas de salmueras en áreas sensibles, por sus características oceanográficas o ecológicas.
Además, la norma incorpora lineamientos para promover innovación, eficiencia hídrica, eficiencia energética y reducción de impactos ambientales. Esto será clave para que la desalación avance con estándares modernos.
Impacto para minería, energía y territorios
La ley tendrá efectos directos en sectores productivos intensivos en consumo de agua. Entre ellos están la minería, la energía, la industria sanitaria y algunos proyectos de infraestructura hídrica.
Para la minería, la desalación ya es una alternativa relevante. Permite reducir presión sobre fuentes continentales y dar mayor estabilidad a operaciones ubicadas en zonas áridas. Sin embargo, también exige evaluar impactos costeros, uso de energía, salmueras y relación con comunidades.
En el caso de la agricultura, el impacto podría ser más gradual. La desalación aún tiene costos altos para el riego masivo. Aun así, puede abrir oportunidades en zonas costeras con estrés hídrico, sobre todo si se combina con infraestructura compartida, eficiencia energética y planificación territorial.
Nuevas exigencias ambientales
La normativa también incorpora expresamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a las plantas de desalinización de dimensiones industriales y a los proyectos de extracción intensiva de agua de mar.
Esto refuerza la necesidad de evaluar los impactos de cada iniciativa. La captación de agua, la descarga de salmuera, el uso del borde costero y el consumo energético serán aspectos relevantes en la discusión técnica.
La ley no elimina la evaluación ambiental. Al contrario, busca ordenar el camino regulatorio y entregar mayor claridad sobre las obligaciones de los titulares.
Reglamentos serán clave para la implementación
Aunque la ley ya fue publicada, su aplicación práctica dependerá de los reglamentos. Según Cooperativa, el Ejecutivo tendrá 18 meses para redactar los reglamentos técnicos que permitirán consolidar esta tecnología como política pública permanente.
Ese proceso será decisivo. Allí se deberán precisar plazos, criterios técnicos, coordinación institucional y mecanismos de fiscalización. También será importante definir cómo se integrará la desalación con la planificación hídrica nacional y regional.
Una oportunidad, pero no una solución única
La nueva Ley de Desalinización representa un avance importante para enfrentar la crisis hídrica. Entrega certezas, ordena permisos y reconoce la importancia del consumo humano.
Sin embargo, la desalación no puede ser vista como una solución aislada. Debe formar parte de una estrategia más amplia, que incluya eficiencia en el uso del agua, reutilización, protección de cuencas, tecnificación y gobernanza territorial.
El desafío será desarrollar proyectos útiles, sostenibles y socialmente legitimados. Si la implementación avanza bien, la desalación podría transformarse en una herramienta clave para la seguridad hídrica del país.