El 30 de diciembre de 2026 empieza a regir, tras dos postergaciones, el reglamento europeo contra la deforestación importada. Soya, carne, café, cacao, madera, palma y caucho deberán llegar a la Unión Europea con las coordenadas de cada parcela y pruebas de que no provienen de tierras deforestadas después de 2020. Para el agro sudamericano, lo más difícil no es demostrar que no hubo deforestación, sino probarlo con datos y separar físicamente la carga.

A poco más de tres meses de su entrada en aplicación, la Regulación de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) dejó de ser una amenaza lejana. En mayo de 2026 la Comisión Europea confirmó que no habrá una nueva postergación. Los exportadores sudamericanos de soya y carne tienen poco margen para ordenar sus cadenas de suministro.

Qué exige la EUDR

La norma (Reglamento UE 2023/1115) obliga a quienes ponen en el mercado europeo soya, ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, madera y caucho, y sus derivados, a demostrar tres cosas:

  • Que los productos no provienen de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020.
  • Que fueron producidos conforme a la legislación del país de origen.
  • Que están cubiertos por una declaración de debida diligencia.

Esa debida diligencia incluye la geolocalización de cada parcela: coordenadas con al menos seis decimales, un punto para las de hasta cuatro hectáreas y un polígono que dibuje el perímetro para las mayores. En el ganado basta un punto por establecimiento. Los registros deben conservarse al menos cinco años. Quien responde ante la ley es el operador que coloca el producto en el mercado europeo, pero esos datos tienen que venir del campo.

Los Estados miembros deben fijar multas máximas de al menos 4% de la facturación anual del operador en la UE. Las autoridades pueden además decomisar la mercadería, excluir a la empresa de compras públicas por hasta 12 meses y prohibir la venta de productos no conformes.

Una ley postergada dos veces, esta vez con fecha firme

La EUDR debía aplicarse desde el 30 de diciembre de 2024. Se postergó un año en diciembre de 2024 y, en diciembre de 2025, la UE aprobó una segunda prórroga (Reglamento UE 2025/2650, publicado el 23 de diciembre):

  • 30 de diciembre de 2026 para las empresas grandes y medianas.
  • 30 de junio de 2027 para las micro y pequeñas.

Los productos que ya estén en el mercado europeo antes de esa fecha quedan fuera del alcance de la norma.

Esa revisión también dejó que solo el primer operador que coloca el producto en el mercado presente la declaración, sacó del alcance ciertos productos impresos, como libros y diarios, y creó la figura del operador “aguas abajo”.

El 4 de mayo de 2026, la Comisión publicó un paquete de simplificación con guías y preguntas frecuentes actualizadas, un borrador para ajustar el alcance de productos y mejoras al sistema de información. Además ratificó que no habrá más plazos. Se estima que los costos de cumplimiento serían cerca de 75% menores que los del marco original, aunque las obligaciones centrales de trazabilidad y debida diligencia se mantienen.

Cómo clasificó Europa a los países sudamericanos

Desde el 22 de mayo de 2025, Bruselas clasifica a cada país en riesgo alto, estándar o bajo. Solo cuatro quedaron en riesgo alto: Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar y Rusia. En Sudamérica el panorama es así:

  • Riesgo estándar: Brasil, Argentina y Paraguay.
  • Riesgo bajo: Uruguay y Chile.

La diferencia es práctica. Con riesgo estándar rige la debida diligencia completa, y las autoridades controlan cerca de 3% de los productos. Con riesgo bajo la debida diligencia es simplificada (no hay que evaluar ni mitigar riesgos) y los controles bajan a 1%. En todos los niveles siguen siendo obligatorias la geolocalización, la declaración y el registro de cinco años.

El Parlamento Europeo objetó la lista en julio de 2025, pero la objeción no era vinculante y la clasificación sigue vigente. La Comisión se comprometió a revisarla en 2026 con datos actualizados de la FAO, por lo que algunos países podrían cambiar de categoría. Según un análisis sobre el caso uruguayo, Uruguay parte además con ventaja en carne, porque su sistema nacional de identificación obligatoria del ganado (SNIG) ya cumple buena parte de la trazabilidad exigida.

El verdadero cuello de botella: separar la carga

Paradójicamente, probar que la soya no proviene de tierras deforestadas es la parte menos complicada. Un estudio de Proforest y RMR Consulting, publicado en mayo de 2026 con apoyo de la cooperación alemana GIZ, sostiene que como solo una pequeña parte de la soya brasileña no está libre de deforestación, ya es viable ofrecer soya sin deforestación. Lo difícil, según el mismo estudio, es entregar los datos y la documentación que exige la ley y realizar la segregación física de la carga.

El problema es de escala. Especialistas del centro de agronegocios de la escuela brasileña Insper explican que un solo barco de soya puede llevar granos de muchísimos campos distintos, mientras la EUDR pide información parcela por parcela. Separar los granos a ese nivel, advierten, es prácticamente imposible, salvo para empresas con rutas logísticas totalmente dedicadas y controladas. Según especialistas en cumplimiento, la norma tampoco admite el sistema de “balance de masa”, en que el material conforme y el no conforme se mezclan y solo se contabilizan en papel. Cada envío debe poder rastrearse a las parcelas de las que realmente proviene.

Operadores del mercado consultados por la prensa especializada coinciden en que la segregación física es uno de los puntos más sensibles y que elevará los costos logísticos. El estudio de Proforest modeló distintas rutas de exportación desde Brasil (los puertos de Rio Grande, Santos y Santarém) para medir cómo la segregación cambia la logística y las emisiones.

En la carne, la dificultad es seguir al animal durante todo su ciclo productivo. Minerva Foods describe el desafío como conectar cada animal y producto con los establecimientos por los que pasó y evitar que se mezcle producto elegible, no conforme y de origen desconocido. Un estudio académico publicado en mayo de 2026 describe la gobernanza de la carne en Brasil como fragmentada, lo que complica esa coordinación.

Cuánto podría costar

Las estimaciones varían mucho. Un modelo económico publicado en marzo de 2026 simuló el impacto de los costos de cumplimiento sobre la soya brasileña entre 2026 y 2035. Proyecta pérdidas acumuladas de exportaciones de US$85.100 millones si la exigencia se limita a la Amazonía Legal, y de US$216.300 millones si abarca todo el país. Es una simulación que depende de los supuestos de costos que use, y contrasta con la estimación de que la simplificación reduce esos costos cerca de 75%.

Los pequeños productores, el eslabón más débil

Quienes responden ante la ley son los operadores europeos, pero la información que deben presentar nace en el campo. Un estudio publicado en mayo de 2026 advierte que los costos de cumplimiento se cargan hacia atrás en la cadena, mientras los beneficios financieros y reputacionales se concentran hacia adelante. Para evitarlo, propone asistencia técnica para integrar bases de datos, mejorar la trazabilidad e incluir a los pequeños productores, financiada con instrumentos como el Fondo Amazonía o el Global Gateway de la UE.

Lo que todavía está en veremos

Aún hay varias incógnitas:

  • El borrador para modificar el alcance de productos no está cerrado.
  • La revisión de las clasificaciones de riesgo prevista para este año puede cambiar la situación de algunos países.
  • Se ha planteado que la carga con menos trazabilidad podría desviarse hacia mercados con reglas más laxas, pero no hay datos que lo confirmen ni de un sobreprecio sistemático por soya “compatible con EUDR”. Con la norma sin aplicar, son escenarios.
  • La EUDR no es la única barrera. Según informó la prensa especializada, en abril cargamentos de soya HB4 de Brasil y Argentina fueron rechazados en puertos de Países Bajos, donde el umbral de tolerancia para la presencia no autorizada de eventos transgénicos es de solo 0,01%.

Un examen que llega en tres meses

Para el agro sudamericano, la EUDR marca el paso desde la promesa de sostenibilidad a la exigencia de datos verificables, con coordenadas, documentos y cargas separadas. Los países de riesgo bajo, como Uruguay y Chile, parten con menos exigencias, pero ninguno queda exento de recopilar información. Lo que ocurra desde el 30 de diciembre mostrará cuánto de ese sistema estaba realmente listo.

Fuentes: Comisión Europea (Access2Markets), Consejo de la UE, Hogan Lovells, Mayer Brown, Assent, CMS, QIMA, Coolset, Meridia, Preferred by Nature, EUDRCheck, ERWAY, Fiegenbaum Solutions, Net Zero Compare, Proforest, Insper, Minerva Foods, All About Feed, ScienceDirect, Wiley (Global Policy).

por José Rios