Fernando Fuentealba, quien preside la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, afirma haber advertido a las autoridades sobre el inminente ataque incendiario en Contulmo horas antes de que ocurriera. Nadie respondió. La fundación que dirige ya prepara demandas contra el Estado por falta de servicio, y algunas víctimas amenazan con huelga de hambre ante lo que describen como abandono sostenido de los gobiernos de turno.


A las 4:00 horas del viernes 15 de mayo, una vivienda ubicada en el kilómetro 42 de la Ruta P-60-R, en el sector de la ex estación Lanalhue, en la comuna de Contulmo, fue reducida a cenizas. Los atacantes dejaron en el lugar un saco con un lienzo escrito a mano que no deja lugar a dudas sobre el carácter del ataque: “Libertad PPM — Caso Grollmus — Los Ríos — Fuera condominios de Lanalhue — C. Mansilla”. El mensaje es una exigencia de libertad para los 19 imputados de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que enfrentan juicio por el brutal ataque al Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la misma comuna, y una amenaza directa a los propietarios de la zona. La mención a “C. Mansilla” apunta a Cristian Mansilla Varas, Jefe de la Zona Control Orden Público (COP) de Carabineros en la Macrozona Sur, cargo que ejerce desde 2022 y que fue ratificado en el Alto Mando 2026, lo que convierte este ataque en un acto de intimidación selectiva que alcanza también a las autoridades policiales que operan en el territorio. En ese atentado de 2022, una veintena de encapuchados armados con escopetas, pistolas y una subametralladora UZI quemaron el centenario molino y el museo familiar —construidos por colonos alemanes a partir de 1915 y declarados Patrimonio Arquitectónico Nacional—, y atacaron la casona donde se encontraban Hellmuth Grollmus Scherer, de 85 años, dueño del lugar, y su hijo Christian, quien logró repeler parte del asalto con una escopeta. Carlos Enrique Grollmus Thiele, de 79 años, primo de la familia, fue usado como escudo humano y recibió un disparo a quemarropa en la pierna que obligó a su amputación. Christian Cid Ferreira, cuidador del predio, perdió la visión de su ojo derecho tras recibir un disparo de escopeta en el rostro cuando intentó defender a su padre. Hellmuth Grollmus falleció a los 86 años, ocho meses después del ataque, sin haber logrado recuperarse del trauma ni ver reconstruido su molino. El día anterior al ataque de esta madrugada, camiones ardían en Malleco. La zona acumula tres décadas de violencia que ningún gobierno ha logrado contener y que golpea con especial fuerza al sector agrícola, columna vertebral de una región históricamente catalogada como de rezago. Mientras los hechos se acumulan y las advertencias son ignoradas, la pregunta que ronda a las víctimas es cada vez más difícil de esquivar: ¿habrá que esperar a que muera una persona para que el gobierno actúe? Fuentealba habló con Diario Agrícola horas después del ataque.

“Lienzo dejado por los atacantes en el lugar del atentado. Contulmo, 15 de mayo de 2026.”]

— Usted lleva años advirtiendo sobre esta situación. ¿Qué observa en la respuesta del gobierno actual?
Lamentablemente, lo que vemos es un manual que se viene repitiendo por décadas. Llevamos treinta años desde el primer atentado en la Macrozona Sur y ningún gobierno se ha hecho cargo en forma real. Al contrario, cada administración le ha bajado el perfil, usando adjetivos como “violencia rural” o decretando estados de excepción acotados. El terrorismo es una situación grave que afecta primero a las personas y tiene efectos colaterales serios sobre las áreas productivas de la región. Las víctimas y los habitantes del cono sur de la provincia de Arauco ya no tienen calidad de vida. Hay un alto grado de frustración e impotencia ante una mirada que sigue siendo superficial.
— Usted afirma haber avisado a las autoridades antes de que ocurriera este ataque. ¿Qué pasó exactamente?
Ayer tuve información de que iban a producirse actos de terrorismo en esta zona. Llamé al delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, para que se comunicara de forma urgente con el delegado regional Julio Anativia. No lo hicieron. Paralelamente, me comuniqué con un alto oficial de la Armada para alertarlo sobre la situación. Esta mañana me escribió a las seis y cuarenta: “Fernando, tenías toda la razón”. Yo no llamo para hacer denuncias infundadas. Soy presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur y cuando me llega información, la traslado responsablemente a las autoridades. Si no la toman en serio y no adoptan precauciones, deja de ser mi responsabilidad.
— ¿Cómo evalúa la designación de Pedro Marileo como delegado presidencial de Arauco?
Ha generado mucho cuestionamiento, y con razón. Aquí el mandante es el presidente de la República, y si él lo ratifica, es él quien debe dar las explicaciones. Resulta difícil entender cómo se nombra en ese cargo a una persona que, a través de sus redes sociales, ha manifestado apoyo a Héctor Llaitul —fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la organización armada más relevante del conflicto en el sur de Chile, condenado a 23 años de cárcel efectiva por la Corte Suprema por delitos contra la Ley de Seguridad del Estado— y otros movimientos. Nos parece impresentable. Y no se puede esgrimir como argumento que no había personas calificadas, porque había muchas con conocimiento real del territorio.
— ¿Siente que la zona está más segura hoy que durante el gobierno anterior?
Soy categórico: no. El peor error que se puede cometer es confiarse en una eventual baja de hechos violentos. Lo de hoy lo demuestra. Este ataque, junto con la quema de camiones en Malleco el día anterior, prueba que no nos equivocamos. En el cono sur de la provincia de Arauco siguen ocurriendo robos de vehículos, asaltos y otros actos violentos. Mientras la seguridad no esté realmente garantizada, no somos partidarios de levantar los estados de excepción. Al contrario, hay que otorgarle el máximo de herramientas a las Fuerzas Armadas y a las policías para que recuperen el estado de derecho y nos devuelvan nuestra calidad de vida.
— ¿Qué mensaje le deja al gobierno y a quienes leerán esta entrevista?
Hago un llamado directo al presidente Kast y a sus ministros del Interior y de Seguridad: desescalar el estado de excepción en la Macrozona Sur sería un error grave. No se han implementado las medidas ni las herramientas necesarias para controlar la situación. Jamás nos han tomado en cuenta en forma seria. No quieren hacerse cargo de la reparación real de las víctimas ni escuchar la sensación térmica que nos transmiten quienes viven en la zona de conflicto. Y hay un tema que el gobierno no quiere tocar: aquí está en riesgo la soberanía alimentaria. El gremio más afectado es el agrícola, y eso no puede seguir siendo ignorado. Quiero además que quede consignado: la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur ya está presentando demandas contra el Estado por falta de servicio, y hay víctimas que, ante el abandono, están evaluando realizar huelgas de hambre.

Fernando Fuentealba avisó. Llamó al delegado, contactó a un oficial de la Armada, entregó la información con nombre y zona. Nadie tomó precauciones. Pocas horas después, el fuego en Contulmo confirmó lo que él ya sabía. El lienzo que los atacantes dejaron en el lugar dice todo: tiene apellidos, tiene nombres de autoridades, tiene destinatarios. No es violencia ciega, es violencia dirigida. La Macrozona Sur lleva tres décadas acumulando advertencias ignoradas y promesas de campaña que se evaporan al llegar al gobierno. Las víctimas ya no preguntan cuándo actuará el Estado: preguntan cuántas personas tendrán que morir antes de que alguien, por fin, decida escuchar.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur agrupa a afectados de las comunas del cono sur de la provincia de Arauco. Fuentealba solicitó formalmente una audiencia al presidente Kast para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña presidencial en Cañete.