El proyecto de reactivación económica impulsado por el Gobierno entró en una zona de mayor presión política y técnica. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) valoró que la iniciativa busque elevar el crecimiento y mejorar la eficiencia del gasto público, pero advirtió que el diseño actual presenta riesgos fiscales importantes y que, si no se incorporan nuevas medidas de financiamiento, podría deteriorar aún más las cuentas públicas.
La advertencia fue entregada ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el pleno del CFA, encabezado por su presidenta Paula Benavides, expuso su análisis preliminar sobre el Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. El organismo precisó que su revisión se concentró exclusivamente en los impactos fiscales de la iniciativa, bajo una premisa clave: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes.
Un proyecto que busca crecer, pero que abre dudas fiscales
La iniciativa del Ejecutivo combina medidas tributarias, incentivos al empleo, simplificación regulatoria y disposiciones orientadas a impulsar la inversión. El objetivo declarado es elevar el crecimiento tendencial de la economía y reactivar la actividad en un escenario donde Chile enfrenta señales de debilidad, menor dinamismo y estrechez fiscal.
Sin embargo, el CFA puso el foco en el costo fiscal del proyecto. Según el organismo, sin considerar el efecto positivo que el mayor crecimiento podría generar en la recaudación, la propuesta presenta un déficit persistente durante todo el horizonte de evaluación. Ese déficit alcanzaría un máximo de 0,71% del PIB en 2030 y se mantendría en 0,43% del PIB hacia 2050.
Incluso al incorporar los efectos esperados de mayor crecimiento, el proyecto seguiría mostrando números negativos en el corto y mediano plazo. El CFA sostuvo que entre 2026 y 2031 la iniciativa genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que se requerirían fuentes de financiamiento adicionales, de magnitud relevante, que hoy no están contenidas en el texto.
La advertencia central: los costos llegan primero y los beneficios son inciertos
El punto más delicado del análisis está en el descalce entre costos y beneficios. El Consejo Fiscal explicó que varias medidas del proyecto reducen ingresos fiscales o comprometen gasto con alta certeza desde el primer año de vigencia. En cambio, los beneficios asociados al mayor crecimiento se materializarían de forma gradual y con mayor incertidumbre.
En simple, el Estado dejaría de recibir recursos o asumiría costos en el corto plazo, mientras que la compensación dependería de que la economía crezca más, más rápido y con un traspaso efectivo hacia la recaudación fiscal. Ese escenario, para el CFA, exige prudencia. Si el crecimiento proyectado no se concreta en la magnitud estimada, el deterioro fiscal podría ser mayor al previsto.
El propio Consejo fue claro al señalar que el impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende de manera crítica de la materialización del crecimiento económico proyectado. Sin ese efecto, la iniciativa generaría un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen. Con el efecto crecimiento, el balance mejoraría en el largo plazo, pero en 2030 todavía seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB.
Falta financiamiento para cubrir menores ingresos
Uno de los datos más relevantes entregados por Diario Financiero es que, según los cálculos del CFA, en 2026 faltaría por financiar un 62,2% del impacto fiscal de las medidas que reducen ingresos para el Estado. Esa brecha bajaría a 38,7% en 2027, subiría a 51,9% en 2028, llegaría a 46,9% en 2029 y se ubicaría en 35% en 2030.
Esta cifra es clave porque muestra que el problema no se limita a una diferencia técnica menor. La preocupación del CFA es que las fuentes de financiamiento incluidas en el proyecto no compensan completamente los menores ingresos fiscales que generarían algunas medidas. Por eso, el organismo recomendó avanzar hacia una neutralidad fiscal real en el corto y mediano plazo.
Los principales riesgos identificados por el Consejo Fiscal
El CFA identificó once riesgos fiscales: nueve de efecto directo y dos de carácter indirecto. Entre los riesgos directos aparece la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría, cuyo costo no sería compensado por el mayor crecimiento esperado de la medida. También se menciona el alto costo fiscal del crédito tributario al empleo y el eventual mayor costo de la exención transitoria del IVA a viviendas nuevas.
Otro punto sensible es la compensación al Fondo Común Municipal por la ampliación de la exención de contribuciones a adultos mayores. Según el CFA, esta medida podría generar mayor presión fiscal permanente. Además, el organismo advirtió que las medidas sobre licencias médicas podrían entregar un ahorro menor al previsto, y que el aumento de cupos para incentivo al retiro no garantiza necesariamente la materialización del ahorro fiscal estimado.
El Consejo también observó riesgos en las sanciones al contrabando de tabaco, por una eventual menor recaudación a la esperada. A eso se suma el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental, que no tendría una cláusula de gasto máximo. También levantó dudas sobre la reiteración de medidas transitorias como impuestos sustitutivos y repatriación de capitales, ya que podrían debilitar el cumplimiento tributario en el mediano plazo.
Entre los riesgos indirectos, el CFA apuntó a dos incertidumbres principales: cuánto crecimiento adicional generará realmente el proyecto y cuánto de ese mayor crecimiento se traducirá en ingresos fiscales efectivos para el Estado.
Invariabilidad tributaria también genera inquietud
Uno de los temas que quedó bajo observación es la invariabilidad tributaria contemplada para ciertos proyectos de inversión. El CFA recomendó analizar sus efectos en términos de la rigidez que podría generar sobre los ingresos fiscales futuros.
Esta advertencia es relevante porque la invariabilidad tributaria puede entregar certeza a inversionistas, pero también limita la capacidad del Estado para modificar ciertas condiciones fiscales durante un período prolongado. En un escenario de estrechez presupuestaria, ese tipo de rigidez puede reducir el margen de acción de futuros gobiernos.
Consejo pide ajustes, gradualidad y medidas compensatorias
El CFA no pidió rechazar el proyecto. Su mensaje fue más preciso: la reactivación económica es necesaria, pero debe estar acompañada de un diseño fiscal responsable. Por eso, recomendó incorporar medidas de mitigación adicionales, ya sea por el lado de nuevos ingresos o por ajustes de gasto.
También propuso revisar las medidas de mayor impacto, evaluando cambios en su gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos, monitoreo, condicionalidad y relación costo-efectividad. Además, recomendó realizar escenarios de sensibilidad y estrés para estimar qué pasaría si el crecimiento esperado no se materializa como plantea el Gobierno.
En otras palabras, el Consejo está pidiendo que el Ejecutivo no base la sostenibilidad del proyecto solo en una apuesta de crecimiento futuro. La recomendación apunta a cerrar mejor los números desde el inicio, especialmente porque la situación fiscal del país ya viene tensionada.
El trasfondo: estrechez fiscal y presión sobre el gasto
La exposición también abordó el ajuste de gasto informado por la Dirección de Presupuestos. Según Diario Financiero, el Ejecutivo habría recortado US$1.937 millones durante este año, distribuidos en 26 de 33 partidas presupuestarias. Del total, US$1.437 millones corresponden a ajustes de gasto sobre la línea y US$499 millones a transacciones bajo la línea.
Los mayores ajustes se concentraron en Salud, con US$478 millones; Educación, con US$247 millones; y Vivienda, con US$220 millones. Esta información agrega un elemento sensible al debate, porque muestra que la discusión sobre reactivación se da en paralelo a recortes relevantes en áreas sociales y de inversión pública.
Una discusión clave para la credibilidad económica
El informe del CFA llega en un momento complejo. Por un lado, el Gobierno busca instalar una agenda procrecimiento para reactivar la economía, atraer inversión y mejorar las expectativas. Por otro, el Consejo Fiscal recuerda que la credibilidad económica no depende solo de anunciar rebajas tributarias o incentivos, sino de mostrar cómo se financiarán y qué ocurrirá si los efectos esperados no llegan a tiempo.
La tensión de fondo es clara: Chile necesita crecer más, pero también necesita cuidar sus cuentas públicas. Una reactivación sin financiamiento suficiente podría terminar generando más presión sobre el déficit, la deuda y las futuras decisiones presupuestarias.
Por eso, el llamado del CFA apunta a construir un acuerdo político y técnico más robusto. El organismo recomendó que el Ejecutivo y el Congreso avancen en medidas explícitas, permanentes y oportunas para cerrar el déficit actual y mantener la deuda pública bajo su nivel prudente.
Reactivar sin desordenar las cuentas públicas
El debate recién comienza, pero la advertencia del Consejo Fiscal ya instaló una señal clara: el crecimiento es importante, pero no puede sostenerse sobre supuestos optimistas sin financiamiento suficiente.
El proyecto de reactivación puede transformarse en una herramienta relevante para dinamizar la economía, incentivar la inversión y mejorar la creación de empleo. Sin embargo, para lograrlo sin comprometer la sostenibilidad fiscal, deberá responder una pregunta central: cómo compensar los menores ingresos que genera hoy, antes de confiar plenamente en los beneficios que podrían llegar mañana.
En un país que enfrenta bajo crecimiento, presión social, demandas por servicios públicos y restricciones fiscales, la discusión no será solo tributaria. Será una prueba de responsabilidad económica, capacidad política y seriedad técnica.