La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó esta semana, en general, la fusión de tres proyectos de ley que buscan regular a los perros asilvestrados en Chile, permitiendo mecanismos de control poblacional que podrían incluir medidas letales. La iniciativa, que sus impulsores presentan como una ley de protección de la fauna silvestre, ya generó fuertes críticas de sectores animalistas, que la bautizaron como la “ley de caza de perros”. Repasamos qué contempla exactamente el proyecto y qué han dicho las autoridades.
Qué aprobó exactamente la Comisión de Agricultura
El pasado 12 de agosto, la Comisión de Agricultura de la Cámara aprobó en general, con 10 votos a favor y 2 en contra, la fusión de tres boletines legislativos: el 16.962-01, el 18.269-01 y el 18.400-01. La votación contó con respaldo transversal, es decir, de parlamentarios de distintos sectores políticos. El proyecto reemplaza, en la práctica, a una iniciativa similar que la propia Cámara había rechazado en 2024, identificada como el Boletín 12.271-01.
El primero de los boletines fusionados, el 16.962-01, modifica la actual Ley de Caza para establecer expresamente como deber del Estado la protección de la fauna silvestre. El 18.269-01 propone medidas de prevención y control frente a ataques de perros salvajes o ferales, permitiendo que propietarios de animales de producción implementen sistemas de captura tras presentar una denuncia formal, y estableciendo que no exista responsabilidad penal por el delito de maltrato animal cuando se actúe en legítima defensa propia, de un tercero o del ganado, frente a un ataque actual o inminente de uno o más perros salvajes o ferales. El 18.400-01, presentado en junio de 2026, modifica el Código Penal para definir legalmente a los perros asilvestrados o ferales, calificándolos como animales dañinos, especie exótica invasora y “animales bravos”.
Por qué genera tanta controversia
El punto central del debate es que el proyecto habilita, bajo condiciones específicas, medidas letales de control poblacional sobre estos animales, y exime de responsabilidad penal por maltrato animal a quien actúe en las circunstancias que la propia ley describe. La campaña ciudadana “No a la Caza de Perros”, que se opone activamente a la iniciativa, sostiene en su sitio web que “una ley anunciada como ‘protección de la fauna silvestre’ se vota, en realidad, como una ley para controlar y matar perros”. La organización cuestiona además la definición misma de “perro asilvestrado o feral” que maneja el proyecto, argumentando que cerca del 90% de los ataques a fauna y ganado provendrían de perros que sí tienen dueño, lo que —a su juicio— sacaría a estos animales del marco de protección que hoy les entrega la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, que los reconoce como animales de compañía.
Especialistas de la Universidad de Concepción, consultados sobre iniciativas similares, describen el debate como una tensión entre dos miradas legítimas: una perspectiva ambiental, que respalda este tipo de medidas como herramienta de control frente al daño que las jaurías generan sobre la fauna silvestre y el ganado, y una perspectiva animalista, que cuestiona la falta de protección hacia los propios perros y propone en cambio reforzar la tenencia responsable de mascotas como solución de fondo al problema.
Lo que han dicho las autoridades
Tras la votación en comisión, el diputado Sebastián Videla salió a criticar públicamente el avance del proyecto: “esto es inaceptable y supera todos los límites. Se acaba de aprobar en la Comisión de Agricultura la ley que permite la caza de perros”, escribió en sus redes sociales, calificando la jornada como “un día triste para todos los que defendemos los animales”. El parlamentario contrastó además la aprobación con otra sesión que él mismo impulsó para el 18 de agosto, orientada a prohibir las carreras de galgos, remarcando la contradicción que percibe entre ambas agendas legislativas dentro del propio Congreso.
Quienes respaldan la iniciativa, en tanto, la enmarcan como una respuesta necesaria frente a los ataques de jaurías que afectan principalmente a sectores rurales, donde perros que perdieron su condición doméstica representan una amenaza tanto para el ganado como para especies de fauna silvestre nativa, un problema que los propios promotores del proyecto describen como generador de daños ecológicos y económicos concretos en el campo chileno.
Lo que viene
Con el proyecto ya aprobado en general por la Comisión de Agricultura, la iniciativa deberá continuar su tramitación en el Congreso, donde previsiblemente seguirá generando el mismo debate que dividió a la propia comisión en su votación: la tensión entre proteger al ganado y la fauna silvestre de los ataques de jaurías, y evitar que esa protección termine habilitando, en la práctica, la muerte de perros sin las garantías que hoy contempla la legislación de tenencia responsable de mascotas.