El gobierno de Donald Trump confirmó esta semana que ya devolvió cerca de US$100.000 millones en aranceles cobrados bajo su política comercial conocida como “Liberation Day” (“Día de la Liberación”), después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal ese esquema arancelario en febrero de este año. La cifra, revelada en una presentación judicial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., representa cerca del 60% del total que el gobierno recaudó con esos aranceles.
Qué fue el “Día de la Liberación”
El 2 de abril de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un arancel base de 10% a la gran mayoría de los países que exportan a Estados Unidos, además de aranceles recíprocos más altos —y punitivos— contra 60 economías que, según la Casa Blanca, aplicaban barreras comerciales contra productos estadounidenses. Para justificar la medida, el gobierno invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma de 1977 pensada originalmente para que el presidente pudiera “regular” el comercio en situaciones de emergencia.
El fallo que lo cambió todo
El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló 6 a 3 en el caso Learning Resources, Inc. contra Trump, determinando que el gobierno se había excedido en sus atribuciones al usar la IEEPA para imponer aranceles de esa magnitud. La mayoría del tribunal, liderada por el presidente de la Corte, John Roberts, aplicó la doctrina de las “cuestiones mayores”, concluyendo que el lenguaje de la ley —que permite “regular” la importación— no alcanza para autorizar, sin una aprobación explícita del Congreso, un poder tan amplio como el de gravar las importaciones. Los jueces Thomas, Kavanaugh y Alito votaron en disidencia.
Ese fallo obligó al gobierno a devolver lo recaudado bajo ese esquema, que según cifras oficiales rondaba los US$165.000-166.000 millones. Según el reporte de la CBP con fecha 4 de agosto, cerca de US$128.000-129.000 millones ya están dentro del sistema de procesamiento de reembolsos —bautizado internamente como CAPE—, de los cuales unos US$100.000 millones ya fueron efectivamente pagados. Todavía queda cerca de US$29.000 millones bajo revisión de las autoridades de comercio, y otros US$1.600 millones sin poder pagarse porque los importadores no han entregado sus datos bancarios.
Quiénes ya están cobrando
Grandes empresas importadoras ya empezaron a recibir sus devoluciones. Amazon informó que recibió cerca de US$600 millones en reembolsos durante el segundo trimestre del año, y su directora financiera, Brian Olsavsky, señaló en la conferencia de resultados de la compañía que parte de ese dinero se traspasará a los clientes en los casos puntuales donde se aplicó un cargo específico por el arancel, mientras que el resto se usará para sostener precios más bajos en la tienda. Según reportes de prensa, Apple habría recibido cerca de US$2.200 millones y Nike cerca de US$300 millones, y otras compañías como Walmart, Costco, Home Depot, Ford, General Motors y UPS también solicitaron sus propios reembolsos.
La asimetría que genera más ruido
El detalle que más está generando críticas es que, aunque fueron los consumidores quienes terminaron pagando buena parte del costo de esos aranceles a través de precios más altos en las tiendas, no existe ningún mecanismo legal para reembolsarles ese dinero de forma directa. Bajo las normas de aduana de Estados Unidos, el reembolso solo puede ir al “importador de registro” —es decir, la empresa que formalmente trajo el producto al país—, y no hay ningún registro a nivel de compra individual que permita rastrear qué consumidor específico pagó de más por un par de zapatos, un teléfono o un electrodoméstico afectado por el arancel. Amazon ha señalado que identificó un número limitado de casos en los que sí puede rastrear un cargo específico trasladado directamente al precio final, y que en esos casos sí contactará a los clientes afectados.
Ese contraste no ha pasado inadvertido a nivel político: la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió en febrero que el gobierno federal reembolsara US$13.500 millones específicamente a los hogares de su estado, estimando que el arancel le costó a cada hogar neoyorquino cerca de US$1.751 adicionales durante el último año.
Trump ya busca la forma de recrearlos
Pese al fallo en su contra, Trump no ha ocultado su molestia con la decisión de la Corte Suprema y ha insistido en que los aranceles fueron una fuente de ingresos clave para su gobierno. En una entrevista con Fox News esta semana, el mandatario afirmó que la Corte Suprema le dio solo “un pequeño golpe”, pero que su gobierno está autorizado a aplicar aranceles “de otra manera”. De hecho, la administración ya tomó una serie de medidas para intentar recrear, usando otras herramientas legales distintas a la IEEPA, un esquema arancelario similar al que fue declarado ilegal, aunque esos nuevos intentos ya enfrentan sus propios cuestionamientos judiciales.
Fuentes: UPI, CNBC, The Guardian, The Hill, TechTimes, Reuters (a través de AOL), Al Jazeera.
por José Rios