Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, Washington liberó gradualmente de sanciones a los principales productores de potasa de Bielorrusia, a cambio de que el régimen de Alexander Lukashenko liberara a cientos de presos políticos. Meses después, Trump reveló para qué quiere usar ese acceso recién recuperado: presionar a Canadá, su principal proveedor, en plena guerra comercial bilateral.
Detrás de uno de los movimientos más importantes del mercado mundial de fertilizantes de los últimos años no hubo primero una negociación comercial, sino una diplomacia de presos políticos. Estados Unidos fue levantando, paso a paso, las sanciones sobre la industria de la potasa de Bielorrusia, a cambio de que el gobierno de Alexander Lukashenko liberara a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados, incluyendo a un premio Nobel de la Paz. Y esta semana, el propio Trump dejó claro el objetivo final de esa apertura.
Un mercado concentrado en pocas manos
La potasa (cloruro de potasio) es un nutriente esencial para el desarrollo de raíces y la resistencia a la sequía de cultivos como el maíz, la soya y el trigo. Su producción mundial está altamente concentrada: Canadá, a través de Nutrien, es el mayor productor individual, mientras que Rusia (Uralkali) y Bielorrusia (Belaruskali) controlan, cada una, cerca del 20% del suministro global.
Belaruskali, con sede en Soligorsk y fundada en 1958, es una de las mayores productoras y exportadoras de potasa del mundo, con presencia en más de 120 países. Tras las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Bielorrusia por la represión de las protestas de 2020 y su respaldo a Rusia en la invasión de Ucrania, el país perdió el acceso a buena parte de los sistemas de pago occidentales y sus exportaciones cayeron con fuerza: según estimaciones del propio Nutrien, Bielorrusia solo logró exportar 3 millones de toneladas en 2022, un 45% del volumen que había movido el año anterior.
El canje: presos políticos por sanciones
El giro comenzó en septiembre de 2025, cuando Lukashenko liberó a 52 presos políticos a cambio de que Washington aliviara las sanciones sobre Belavia, la aerolínea estatal bielorrusa. Pero el paso decisivo llegó el 13 de diciembre de 2025: Lukashenko liberó a 123 presos políticos, incluyendo al Nobel de la Paz Ales Bialiatski y a la destacada opositora Maria Kolesnikova, y a cambio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 13, que autorizó transacciones con Belaruskali, la Compañía Bielorrusa de Potasa (BPC) y su filial ucraniana Agrorozkvit.
El proceso continuó escalando. El 19 de marzo de 2026, tras una reunión en Minsk entre Lukashenko y el enviado especial de Trump para Bielorrusia, John Coale, el régimen liberó a 250 presos políticos más, en la mayor liberación de una sola vez en la historia del país. En paralelo, la OFAC dio un paso mucho más definitivo: eliminó por completo a Belaruskali, BPC y Agrorozkvit de su lista de sancionados (la SDN List), dejando sin sanciones estadounidenses a los tres actores clave de la industria potásica bielorrusa. Sumando ambos hitos, más de 370 presos políticos quedaron directamente vinculados a este proceso de alivio de sanciones sobre la potasa.
Coale calificó la liberación de marzo como “un hito humanitario significativo” y un testimonio del compromiso de Trump con la “diplomacia directa y sin rodeos”. El propio enviado llegó a decir sobre el trato: “creo que es un intercambio justo”.
Estados Unidos avanza solo, la Unión Europea no lo sigue
Uno de los efectos más relevantes de este proceso es la divergencia que abrió entre Washington y Bruselas. Mientras Estados Unidos fue desmontando progresivamente sus sanciones a cambio de liberaciones de presos, la Unión Europea y el Reino Unido mantienen un régimen de sanciones considerablemente más estricto sobre Bielorrusia, sin seguir el mismo camino de alivio gradual. Eso significa que, en la práctica, una transacción con Belaruskali hoy autorizada por la OFAC puede seguir estando prohibida bajo la normativa europea, generando un escenario de cumplimiento normativo mucho más complejo para las empresas multinacionales con operaciones en ambos lados del Atlántico.
El verdadero objetivo aparece: presionar a Canadá
Lo que hasta hace pocos días parecía únicamente un capítulo de diplomacia de derechos humanos reveló su otra cara el 21 de septiembre de 2026, cuando Trump escribió en redes sociales que Estados Unidos está “trabajando en un acuerdo de gran envergadura para la compra de potasa a Bielorrusia”, con un precio que sería “sustancialmente inferior al que pagamos actualmente a Canadá”, algo que calificó de “excelente noticia para nuestros agricultores y ganaderos”.
El dato pone en perspectiva el verdadero peso de este movimiento: en 2025, Estados Unidos importó cerca del 85% de su potasa desde Canadá, por un desembolso de unos US$2.900 millones, muy por encima de lo que representa hoy Bielorrusia en el mercado estadounidense. El anuncio de Trump llega en un momento de fuerte tensión comercial con Ottawa: desde agosto, Washington aplica aranceles de 50% sobre unos US$20.000 millones en importaciones canadienses, después de que fracasaran las negociaciones comerciales entre ambos países, en medio de acusaciones canadienses de que Estados Unidos buscaba minar su soberanía comercial. Canadá respondió con aranceles recíprocos y aceleró su acercamiento a Europa, donde impulsa convertirse en el primer miembro asociado de la Unión Europea, un movimiento que ha enfurecido a Trump.
Un trabajo diplomático que no ha terminado
El proceso con Bielorrusia, además, siguió avanzando incluso después de la eliminación de las sanciones a la industria potásica. El 16 de septiembre de 2026, apenas días antes del anuncio de Trump sobre Canadá, Bielorrusia liberó a 25 presos políticos adicionales, a cambio de que Estados Unidos levantara sanciones sobre otras dos empresas bielorrusas. Según Coale, todavía quedan cerca de mil presos políticos en el país, y no descartó que pudieran ser liberados “en un solo gran grupo” en los próximos meses. “Si no quedan presos políticos, la mayoría de las sanciones podrían eliminarse”, afirmó.
Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, matizan el entusiasmo: la agrupación bielorrusa Viasna estimaba, antes de la última liberación, que todavía había más de 1.100 presos políticos en el país, y la opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya ha insistido en que “todavía hay muchas personas detrás de las rejas” y que las detenciones continúan pese a las liberaciones.
Lo que significa para el mercado agrícola mundial
El caso de la potasa bielorrusa termina siendo un ejemplo casi de manual de cómo se entrelazan la diplomacia de derechos humanos, la geopolítica comercial y los mercados de insumos agrícolas. Lo que comenzó como una negociación humanitaria por presos políticos terminó abriendo una carta de negociación comercial contra uno de los socios comerciales históricos más cercanos de Estados Unidos. Para el agro mundial, la lección de fondo es la misma: en los mercados de insumos más concentrados, como el de la potasa, las decisiones geopolíticas, sin importar su motivación original, pueden reconfigurar de un día para otro la disponibilidad, el precio y las condiciones de acceso a insumos que determinan buena parte de los costos de producción del campo en todo el mundo. Queda por verse si el acuerdo que Trump busca cerrar con Bielorrusia realmente se traduce en menores costos para los agricultores estadounidenses, o si termina siendo, ante todo, una pieza más de presión en su disputa comercial con Canadá.
Fuentes: 24horas.cl (Deutsche Welle), Reuters (vía MarketScreener), Associated Press (vía Courthouse News), NBC News, The Moscow Times, Al Jazeera, Lexology, Norton Rose Fulbright, Cleary Foreign Investment and International Trade Watch, FesenkoLaw, OSW Centre for Eastern Studies, German Economic Team, Federal Register (govinfo.gov), George W. Bush Presidential Center.
por Juan Lagos