No es una multa disfrazada de impuesto: es un rediseño completo de cómo un país entero produce alimento. Dinamarca, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo y lácteos del planeta, acaba de convertirse en el primer país del mundo en gravar directamente las emisiones de gases de efecto invernadero de su ganado, con un esquema que devuelve casi todo lo recaudado al propio sector agrícola.
El 18 de noviembre de 2024, tras meses de negociación entre el gobierno danés, organizaciones agrícolas, la industria alimentaria y grupos ecologistas, Dinamarca presentó los detalles finales de su Acuerdo Tripartito Verde (Green Tripartite Agreement), consolidando un compromiso anunciado meses antes: convertirse en el primer país del mundo en aplicar un impuesto directo a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el ganado vacuno y porcino. El ministro de Impuestos danés, Jeppe Bruus, y el ministro de Clima, Lars Aagaard, presentaron el esquema como la pieza central de un plan mucho más amplio para cumplir la meta nacional de reducir las emisiones totales del país en un 70% para 2030.
Un sector chico en tamaño, gigante en emisiones
A pesar de su tamaño, Dinamarca es una potencia agroalimentaria: el país produce alimentos por un volumen tres veces superior a lo que consume, con una industria porcina y láctea de escala global —ahí tienen su sede compañías como Danish Crown y Arla—. Ese peso productivo tiene su contracara ambiental: la agricultura ocupa más del 60% del uso del suelo danés y es responsable de cerca de una cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país, la proporción más alta entre los sectores económicos daneses. El metano (CH₄) que producen las vacas durante la fermentación entérica, y el óxido nitroso (N₂O) derivado de la gestión del estiércol, tienen un potencial de calentamiento muy superior al del CO₂ en el corto y mediano plazo, lo que los convierte en un objetivo prioritario de cualquier estrategia climática seria.
Cómo funciona el impuesto, y por qué no es tan duro como suena
El esquema, que entrará en vigencia recién en 2030, arranca con una tasa de 300 coronas danesas (unos 40 euros, o unos 42 dólares) por tonelada de CO₂ equivalente, que subirá de forma gradual hasta 750 coronas (cerca de 100 euros) por tonelada en 2035. Sin embargo, el esquema incluye una deducción base del 60% aplicada a todos los productores, lo que reduce la tasa efectiva real a apenas 120 coronas por tonelada en 2030, escalando a 300 coronas en 2035. Un experto citado por el medio especializado Carbon Brief explicó que aditivos alimentarios ya disponibles pueden reducir las emisiones directas del ganado entre un 20% y un 30%, lo que en la práctica le da a cualquier productor una vía concreta y ya probada para reducir su factura fiscal antes de que el impuesto siquiera entre en vigencia.
A dónde va la plata recaudada
El principio rector del acuerdo es que los fondos recaudados por este impuesto específico no engrosan las arcas generales del Estado, sino que se destinan, durante al menos los primeros dos años de vigencia, a un fondo de apoyo a la transición verde del propio sector ganadero —con una revisión del esquema de destino prevista para 2032—. Ese fondo financia, entre otras cosas, tecnología para reducir emisiones directamente en el campo: biodigestores para el purín, sistemas de enfriamiento de estiércol y aditivos alimentarios.
El impuesto al ganado es, de hecho, solo una pieza dentro de un paquete de inversión mucho mayor. El acuerdo completo moviliza cerca de 43.000 millones de coronas danesas (unos 5.800 millones de euros) hacia la transformación del uso del suelo agrícola del país, incluyendo más de 30.000 millones de coronas (unos 4.000 millones de euros) destinados a convertir 140.000 hectáreas de suelos bajos ricos en carbono y sumar 250.000 hectáreas de bosque nuevo hacia 2045. Un detalle poco difundido del acuerdo, y particularmente relevante para el propio sector agroindustrial, es que también reserva más de 10.000 millones de coronas (unos 1.340 millones de euros) en subsidios para impulsar la producción de biochar mediante pirólisis —la misma tecnología de carbón vegetal agrícola que ya se usa en otros países para mejorar suelos y capturar carbono a largo plazo—. Los agricultores que decidan convertir tierra productiva en bosque reciben además una compensación única estimada en unas 75.000 coronas por hectárea.
Una institución nueva para garantizar que esto no quede en el papel
Para asegurar que el acuerdo efectivamente se implemente, el gobierno danés tomó una decisión poco habitual: en agosto de 2024 creó un Ministerio de Transición Verde con el propósito exclusivo de supervisar la puesta en marcha de este pacto político —según académicos que estudiaron el proceso, es la primera vez en la historia danesa que se crea un ministerio entero con el único fin de implementar un acuerdo específico—, absorbiendo competencias que antes correspondían a los ministerios de clima y de agricultura por separado.
El resultado esperado, y el riesgo que todavía preocupa
El propio gobierno danés proyecta que este esquema, en conjunto con el resto de las medidas del acuerdo, permitirá reducir las emisiones del país hasta en 2,6 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2030. Pero el diseño del impuesto reconoce abiertamente un riesgo estructural: si el costo de producir carne o lácteos en Dinamarca sube más que en países vecinos sin una regulación equivalente, la producción —y sus emisiones asociadas— simplemente podría trasladarse fuera del país, un fenómeno conocido como “fuga de carbono”. Por eso, tanto Dinamarca como la Unión Europea ya evalúan mecanismos de compensación y estándares de importación que eviten que el esquema termine perjudicando a los propios productores daneses frente a la competencia externa.
Qué significa esto para la ganadería mundial
Dinamarca se posiciona, en los hechos, como el primer laboratorio a escala nacional para responder una pregunta que otros países ganaderos —incluidos varios de América Latina— seguirán de cerca en los próximos años: si es posible medir, cobrar y reducir las emisiones biológicas del campo sin destruir la rentabilidad ni la seguridad alimentaria del propio sector agrícola. El diseño danés, con su combinación de impuesto progresivo, deducciones generosas y devolución casi total de lo recaudado hacia tecnología verde para el propio sector, ofrece un modelo replicable —o al menos un caso de estudio obligado— para cualquier país que enfrente la misma tensión entre su peso exportador agropecuario y sus compromisos climáticos.
Fuentes: State of Green (Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca), World Resources Institute (WRI), Carbon Brief, Gulf News / AFP, The Plant Base, Four Paws, Climate Adaptation Platform, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Taylor & Francis (Climate Policy, “Explaining why Denmark introduced carbon pricing on agriculture”, 2026).
por Juan Lagos