El pilar comercial del acuerdo Mercosur-Unión Europea entró en aplicación provisional el 1 de mayo de 2026, tras más de dos décadas de negociaciones. Pero la ratificación definitiva del tratado completo sigue empantanada en Bruselas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea inició el 10 de julio las audiencias que determinarán si la estrategia legal usada para acelerar su entrada en vigor fue siquiera válida.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea ya se aplica, aunque de forma parcial
El 9 de enero de 2026, el Consejo de la Unión Europea aprobó la firma del acuerdo por 21 votos a favor —liderados por Alemania, España e Italia— frente al rechazo de Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, con Bélgica como única abstención. El acuerdo se firmó formalmente el 17 de enero en Asunción, Paraguay, en una ceremonia que reunió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a los mandatarios de los países del Mercosur. Según cifras de la propia Comisión Europea y de CNN, el pacto crea un mercado transatlántico valorado en unos US$22 billones, con más de 700 millones de consumidores y cerca del 30% del PIB mundial.
Para acelerar su implementación, Bruselas dividió el acuerdo en dos partes: un pilar comercial, que solo requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y una mayoría cualificada del Consejo, y un pilar político, con capítulos de diálogo político y cooperación, que exige unanimidad de los 27 países y ratificación de sus parlamentos nacionales, un proceso mucho más lento. Gracias a esa división, el pilar comercial pudo entrar en aplicación provisional el 1 de mayo de 2026, permitiendo desde entonces que productos de ambos bloques ingresen con condiciones arancelarias preferentes, incluso sin que el acuerdo de asociación completo haya sido ratificado.
El freno que llegó apenas cuatro días después de la firma
La resistencia política no tardó en manifestarse. El 21 de enero, apenas cuatro días después de la firma, el Parlamento Europeo votó, por un margen ajustadísimo de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios, específicamente sobre si la estrategia de dividir el acuerdo en dos partes —para evitar la exigencia de unanimidad y de ratificación por los parlamentos nacionales— es legalmente válida. La votación se dio en medio de protestas de agricultores europeos con tractores frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo, uno de los focos de oposición más movilizados de todo el continente.
Una batalla legal que recién comienza en los tribunales
Esa consulta judicial llegó a su primera instancia concreta el 10 de julio de 2026, cuando el TJUE inició en Luxemburgo las audiencias para examinar si fue legal separar la parte comercial —ya en aplicación provisional desde mayo— de la componente política, que permanece bloqueada. Polonia confirmó formalmente que impugnará el acuerdo ante ese mismo tribunal, mientras su primer ministro, Donald Tusk, y su entonces ministro de Agricultura, Stefan Krajewski, expresaron públicamente su respaldo a las protestas agrarias contra el pacto. Según el propio TJUE, este tipo de dictámenes suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal mantiene la potestad de priorizar la solicitud si las circunstancias lo requieren. Un fallo en contra podría suspender la aplicación del acuerdo o incluso declararlo incompatible con los tratados europeos, obligando a rediseñar todo el proceso de ratificación.
Qué está en disputa para el agro
La resistencia europea al acuerdo tiene un eje casi exclusivamente agrícola. El pacto favorece especialmente a las exportaciones europeas de automóviles, vino y productos lácteos, mientras facilita el ingreso a la Unión Europea de productos agrícolas sudamericanos como carne, aves, azúcar, arroz, miel y soja. Para contener el impacto sobre los agricultores europeos, el texto incluye cláusulas de salvaguardia económica en sectores considerados sensibles —avicultura, carne de vacuno, azúcar y fruta— que permiten a la UE limitar el ingreso de esos productos si se detecta un perjuicio significativo a la producción local. El presidente francés, Emmanuel Macron, exigió además controles reforzados en los puertos europeos y nuevas regulaciones a los países del Mercosur, incluidas restricciones al uso de pesticidas, una postura que luego respaldaron Polonia, Irlanda y Austria.
Lo que viene
Con el pilar comercial ya operando desde mayo pero el proceso judicial recién iniciado en Luxemburgo, el futuro del acuerdo de asociación completo sigue abierto a dos escenarios: que el TJUE avale la estrategia legal de la Comisión Europea y el pacto avance hacia su ratificación plena, o que el tribunal falle en contra y obligue a rediseñar el mecanismo, retrasando el proceso hasta dos años adicionales según algunas proyecciones. Mientras tanto, el comercio agroalimentario entre ambos bloques ya está operando bajo las nuevas condiciones preferentes, en un escenario de facto que convive, día a día, con la incertidumbre jurídica que todavía pesa sobre su legalidad de fondo.
por José Rios