El acceso al mercado europeo ya no depende solo del precio ni del arancel. Deforestación cero, huella de carbono y trazabilidad satelital se están convirtiendo en la nueva puerta de entrada —o de salida— para los exportadores agrícolas de Latinoamérica.
Durante décadas, un acuerdo de libre comercio se medía casi exclusivamente por sus aranceles: cuánto bajaba el costo de entrar a un mercado y qué tan rápido. Esa lógica sigue vigente, pero dejó de ser suficiente. Hoy, junto a cada reducción arancelaria, viene un paquete de exigencias ambientales que determina si el producto realmente puede cruzar la frontera, sin importar cuán competitivo sea su precio.
El reglamento que está reordenando el comercio agrícola mundial
La pieza central de este cambio es el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), que exige que productos como la soja, la carne bovina, el aceite de palma, el cacao, el café, el caucho y la madera —junto con varios productos derivados— demuestren que no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La norma entra en plena vigencia el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianas empresas, y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas, tras dos postergaciones sucesivas presionadas por los propios países exportadores y la industria europea. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta el 4% de la facturación anual de la empresa importadora en la UE.
El mecanismo detrás del reglamento es exigente en un sentido muy concreto: cada empresa debe entregar una declaración de debida diligencia con geolocalización de los predios de origen, algo que en la práctica obliga a construir sistemas de trazabilidad que hoy no existen en buena parte del agro latinoamericano.
Para Argentina, Paraguay y Uruguay, el reglamento golpea principalmente las cadenas de soja y ganado. Para Chile, la exposición mayor está en el sector forestal y de productos de madera. Durante 2025, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), con financiamiento del programa europeo AL-INVEST Verde, hizo un diagnóstico nacional de preparación frente al EUDR y encontró brechas importantes en trazabilidad, capacidad de geolocalización y coordinación entre instituciones, aunque el país quedó clasificado en la categoría de riesgo bajo, junto a Uruguay, por sus tasas comparativamente bajas de deforestación y su gobernanza forestal más sólida que la de otros países exportadores. Una segunda fase, que arranca en 2026, se enfocará en implementación concreta: guías técnicas, capacitación a exportadores y herramientas prácticas de cumplimiento.
El acuerdo UE-Mercosur, libre comercio con condiciones verdes
En paralelo al EUDR avanza otro proceso de gran escala: el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que tras más de dos décadas de negociación comenzó a aplicarse provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026, luego de que Paraguay fuera el último de los cuatro países fundadores del bloque en ratificarlo.
El acuerdo busca eliminar barreras arancelarias para el 91% de las exportaciones del Mercosur hacia Europa, pero ese beneficio queda condicionado al cumplimiento de estándares ambientales, laborales y de gobernanza. El propio texto se integra al Acuerdo de París e incluye compromisos específicos contra la deforestación, respeto a normas laborales internacionales y mecanismos de seguimiento. En la práctica, empresas exportadoras de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que quieran vender a Europa deberán cumplir cada vez más con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), el mismo estándar que hoy se les exige a las empresas dentro de la propia Unión Europea. Especialistas del sector describen este fenómeno como una “cláusula espejo”: los productos importados deben cumplir los mismos requisitos ambientales que rigen para los productores europeos.
No todo está resuelto. La arquitectura jurídica y ambiental completa del acuerdo seguirá incompleta al menos hasta 2027, ya que buena parte de las obligaciones de sostenibilidad, preservación ambiental y cooperación política todavía dependen de procesos de ratificación en los distintos parlamentos nacionales y de revisiones judiciales pendientes en Europa.
Chile ya tiene su propio acuerdo “verde” en marcha
Para Chile, este giro ya tiene nombre y fecha propia: el Acuerdo Marco Avanzado (AMA) con la Unión Europea, firmado en Bruselas en diciembre de 2023, que la propia Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) describe como “el acuerdo más verde que Chile haya firmado”. Incorpora un capítulo completo de Desarrollo Sostenible que cubre cambio climático, biodiversidad, energía, océanos, materias primas y sistemas alimentarios sostenibles, exige el cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Acuerdo de París, y es además el primer acuerdo de la Unión Europea que incluye un capítulo dedicado a género y comercio.
Su brazo comercial, el Acuerdo Comercial Interino (AIC), ya está operando: entró en vigor el 1 de febrero de 2025 y amplió los beneficios arancelarios al 99,6% de las líneas arancelarias chilenas, con foco especial en productos agroindustriales como el aceite de oliva, carnes, leche y pescados. En total, más de 1.800 productos chilenos —muchos de ellos de origen regional— acceden hoy con arancel cero a un mercado de 450 millones de personas. En junio de 2025 comenzaron a regir además, de forma provisional, nueve capítulos adicionales del AMA, incluyendo el de Desarrollo Sostenible.
La lectura para el sector exportador chileno es directa: el acceso arancelario mejorado no viene solo. Viene amarrado a compromisos de sostenibilidad que, tarde o temprano, se van a traducir en exigencias concretas de trazabilidad para quien quiera aprovechar ese arancel cero.
La huella de carbono, la nueva moneda de cambio
Más allá de los tratados, hay un cambio que ya está ocurriendo en el día a día del comercio: los propios compradores —cadenas de supermercados, importadores, grandes distribuidoras— están empezando a exigir, por cuenta propia, información sobre huella de carbono y trazabilidad ambiental antes de firmar cualquier contrato.
En Chile, exportadores de frutas y de vinos que venden a supermercados europeos ya están respondiendo a esa presión: los compradores preguntan directamente por la huella de carbono del producto y priorizan a los proveedores que ya la están midiendo, y que —cuando corresponde— la están reduciendo o compensando. El patrón se repite en otras industrias: primero se pide medir las emisiones, luego se exige un informe de sustentabilidad, y como tercer paso se piden metas concretas de reducción alineadas con los objetivos del comprador.
Esta lógica se ve reforzada, del lado europeo, por la Directiva de Reportes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que obliga a los grandes minoristas europeos a reportar sus emisiones de “Alcance 3” —es decir, las que ocurren a lo largo de toda su cadena de suministro—, un cálculo que resulta imposible de hacer sin datos entregados directamente por los proveedores, incluidos los pequeños productores agrícolas al otro lado del mundo.
A esto se suma el Pasaporte Digital de Producto (DPP), un nuevo instrumento europeo cuya implementación arrancó en julio de 2026 dentro del Reglamento de Ecodiseño (ESPR). Aunque su primera etapa se concentra en categorías como acero, textiles y productos relacionados con energía, el instrumento normaliza una lógica que ya empieza a extenderse hacia los alimentos: cada producto deberá llevar asociada información verificable sobre su huella de carbono, su origen y su trazabilidad completa, accesible mediante un código QR a lo largo de toda la cadena de valor.
Qué significa esto para el productor y el exportador de a pie
El mensaje de fondo, repetido en distintas fuentes del sector, es cada vez más directo: la reducción de emisiones dejó de ser una recomendación para convertirse en un filtro comercial. Para miles de productores, el desafío ya no pasa únicamente por lograr buenos rendimientos; también van a tener que demostrar que producen con menor impacto ambiental si quieren conservar el acceso a los mercados más exigentes.
Para el sector frutícola chileno en particular, la recomendación de la industria apunta en una sola dirección: tener certificaciones de sostenibilidad dejará de ser un plus diferenciador para convertirse en un requisito de entrada a los segmentos premium de Europa y Norteamérica.
La buena noticia es que medir no exige, al menos al principio, sistemas sofisticados ni presupuestos enormes. Especialistas de la industria frutícola nacional insisten en que el primer paso es simplemente definir el perímetro de la medición —un predio, una especie, una temporada, una planta de packing— y avanzar desde ahí, evitando el error más común: producir un informe de huella de carbono que se ve profesional en el papel, pero que queda completamente desconectado de las decisiones reales de la operación.
El nuevo mapa del comercio agrícola
Lo que está ocurriendo con el EUDR, el acuerdo UE-Mercosur y el Acuerdo Marco Avanzado con Chile no son procesos aislados: son la misma tendencia expresándose en tres instrumentos distintos. El comercio agropecuario internacional está pasando de una lógica basada casi exclusivamente en el arancel a una lógica donde el arancel es la puerta, pero la trazabilidad ambiental es la llave.
Para los exportadores latinoamericanos, y en particular para los chilenos, el arancel cero ya está sobre la mesa gracias al Acuerdo Comercial Interino. Lo que viene ahora es la parte más difícil: construir, predio por predio y producto por producto, la evidencia que permita demostrarlo.
Fuentes: World Resources Institute, European Forest Institute, Comisión Europea (Green Forum, EUDR), Agroberichten Buitenland, DatamarNews, Preferred by Nature, USDA Foreign Agricultural Service, Mongabay, MERCOSUR, Sustentabilidad Sin Fronteras, Prensa Mercosur, Subrei, CIMA (Ministerio del Medio Ambiente de Chile), EEAS, Comisión Europea (Acceso a Mercados), Induambiente, Directorio de la Industria de la Fruta en Chile, Agrolatam.
por Juan Lagos