por Constanza Téllez
Durante más de veinte años, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue una de las pocas certezas para la agricultura chilena. Esa confianza empezó a resquebrajarse en julio, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó un arancel de 12,5% para las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación sobre presuntas insuficiencias de la legislación laboral chilena frente al trabajo forzado.
La medida reemplazó el arancel plano de 10% que regía desde marzo de 2025, periodo en que Chile había obtenido la tasa más baja entre los socios comerciales de Washington. El cambio puede parecer marginal en términos porcentuales, pero su señal política es mucho más profunda: incluso los acuerdos vigentes pueden ser alterados por decisiones unilaterales.
Para el agro, el golpe no es menor. Según estimaciones de Frutas de Chile, el nuevo gravamen podría costarle al sector frutícola entre US$300 y US$400 millones, uno de los impactos sectoriales más altos del paquete arancelario.
La fruta fresca, junto con el salmón, la madera y los vinos, concentra buena parte del daño. En cambio, el cobre, el litio y la celulosa —pilares de la balanza comercial chilena— quedaron fuera del gravamen. La paradoja es difícil de ignorar: el sector que más empleo genera en regiones vuelve a aparecer entre los menos protegidos cuando las reglas del comercio internacional se tensionan.
No toda la fruta chilena quedó expuesta al nuevo arancel. Paltas, kiwis y naranjas fueron incorporadas al anexo de excepciones, luego de una intensa gestión gremial que incluyó una audiencia de Frutas de Chile ante la USTR el 8 de julio. En esa instancia, el gremio defendió el rol de Chile como proveedor de contraestación para el mercado estadounidense. Pero la excepción confirma más bien la fragilidad del escenario: uvas y arándanos siguen entre los productos más expuestos, y cerca del 80% de los envíos frutícolas continúa sujeto al gravamen.
Hasta ahora, la respuesta de Chile ha sido más diplomática que combativa. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó la medida como una “actuación arbitraria” que vulnera el TLC vigente. Aun así, el Gobierno, junto con la CPC, Sofofa y los gremios exportadores, ha preferido privilegiar la negociación bilateral y las audiencias técnicas antes que avanzar hacia una confrontación abierta o aplicar medidas espejo.
La decisión es comprensible considerando la diferencia de tamaño entre ambas economías. Pero también deja a Chile en una posición incómodamente reactiva: solicitando excepciones caso a caso, en vez de discutir el fondo del problema.
Más allá de si el arancel responde a genuinas preocupaciones laborales o si, como sospechan varios actores del sector, forma parte de una estrategia comercial más amplia revestida de estándar social, lo relevante es el precedente que instala. Un mecanismo unilateral parece tener hoy más capacidad para modificar las condiciones de acceso al mercado estadounidense que el propio TLC bilateral, vigente desde 2004.
Esa asimetría normativa es, probablemente, el verdadero riesgo estructural para Chile. Durante tres décadas, la estrategia agroexportadora del país se construyó sobre la previsibilidad de sus acuerdos comerciales. Si esa previsibilidad se debilita, también se debilita una parte clave del modelo exportador.
La pregunta, entonces, no es solo cómo conseguir nuevas excepciones, sino cuánto tiempo más puede Chile sostener una estrategia basada en reaccionar ante decisiones ajenas. La diplomacia técnica seguirá siendo necesaria, pero no puede ser la única respuesta. Asia, la Unión Europea con el TLC modernizado y el resto de la Alianza del Pacífico aparecen como destinos clave para reducir la dependencia de un mercado que ya no parece tan predecible como antes.