El USDA aumentó de 700 a 1.000 millones de dólares su Programa Piloto Regenerativo para 2027, después de comprometer más recursos de los previstos en el primer año. Con todo, la falta de personal técnico y un posible recorte en la ley agrícola ponen en duda cuánto de ese dinero llegará realmente al campo.
El fondo para agricultura regenerativa de Estados Unidos va a dar un salto. El Departamento de Agricultura (USDA) anunció el 29 de septiembre que su Programa Piloto Regenerativo pasará de 700 millones a 1.000 millones de dólares en el año fiscal 2027, que comenzó el 1 de octubre y corresponde al segundo año de la iniciativa. Con ello, el programa se convierte en una de las apuestas de política pública más visibles del país para financiar prácticas que mejoran el suelo, el agua y la capacidad de los campos para sostenerse en el tiempo.
El programa fue lanzado en diciembre de 2025 junto al Departamento de Salud, como parte de la agenda Make America Healthy Again (MAHA), y funciona a través del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS). No es un fondo nuevo en sentido estricto: el dinero se canaliza por dos programas que los agricultores ya conocen. Para 2027, 650 millones de dólares irán por el EQIP (Programa de Incentivos de Calidad Ambiental, que cofinancia prácticas concretas en el predio) y 350 millones por el CSP (Programa de Gestión de la Conservación, orientado a quienes ya aplican prácticas y quieren profundizarlas). En el primer año, el reparto fue de 400 y 300 millones, respectivamente, de modo que el EQIP crece un 62,5 % y el CSP un 16,7 %.
Lo que cambia en el Programa Piloto Regenerativo para 2027
La razón del aumento, según el USDA, es la demanda. En el año fiscal 2026, el NRCS firmó más de 5.100 contratos por más de 851 millones de dólares, una cifra superior a los 700 millones con que había partido el programa. El jefe del NRCS, Colton Buckley, indicó que las prácticas con mayor participación fueron el pastoreo planificado, los cultivos de cobertura y el manejo de nutrientes, y que los contratos duran unos cinco años y terminan con un informe de resultados sobre los cambios logrados en cada predio.
Para la segunda etapa, el USDA introdujo varios ajustes:
- Menos exigencia en el CSP. Los productores deberán resolver al menos el 75 % de los problemas de recursos naturales que afectan a su predio, y no el 100 % exigido en 2026.
- Más peso a los estados. Los comités técnicos estatales podrán agregar prácticas que reflejen los sistemas productivos y las necesidades locales, en lugar de depender de una lista nacional fija.
- Cupos reservados y más apoyo técnico. Se suman fondos asignados a grupos específicos, herramientas de seguimiento y opciones de monitoreo y evaluación para cultivos, pastoreo y silvicultura.
El esquema mantiene la planificación de la finca completa, con una sola solicitud que cubre suelo, agua y lo que el USDA llama “vitalidad natural”. Está abierto a agricultores principiantes y experimentados, que deben postular en su oficina local del NRCS dentro de los plazos de selección que fija cada estado.
Personal técnico y ley agrícola, el otro lado de la cifra
Representantes de la industria de frutas y hortalizas calificaron el aumento como un paso alentador, pero organizaciones de conservación y centros de análisis advierten que el dinero por sí solo no basta. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial (IATP) sostuvo que el programa debe demostrar que realmente multiplica las prácticas regenerativas y que no se trata de políticas que ya existían presentadas con otro nombre, y alertó de que, al financiar contratos de finca completa, parte de los recursos podría terminar en prácticas que no suelen considerarse regenerativas.
A eso se suma la capacidad para ejecutarlo. El NRCS perdió casi una cuarta parte de su personal a nivel nacional en 2025, y un exfuncionario del USDA estimó que 144 condados quedaron sin personal del organismo. Los agricultores dependen de esos técnicos para diseñar los planes de conservación que dan acceso al financiamiento.
El otro frente es el Congreso. El borrador de ley agrícola (Farm Bill) del Senado contempla un recorte cercano a los 2.000 millones de dólares al EQIP, justamente el programa que aporta la mayor parte del fondo regenerativo. A la vez, los recursos climáticos que se habían sumado a EQIP y CSP durante la administración anterior fueron retirados en 2025 y reubicados en la base presupuestaria de largo plazo de ambos programas, según informó Agri-Pulse.
Cómo se paga la regeneración en otros países
Fuera de Estados Unidos, el pago por prácticas regenerativas se ha armado de otra manera. En el Cono Sur, el programa South American Regenerative Agriculture (SARA), certificado por Verra, ya paga a productores por los créditos de carbono generados en sus campos en Argentina, Paraguay y Chile. Un reporte regional contabiliza 73 contratos en Argentina que suman 78.196 hectáreas, 11 en Paraguay con 41.000 hectáreas y 12 en Chile con 29.875 hectáreas, además de una incorporación en curso en Uruguay.
En Brasil, PepsiCo, Griffith Foods y Milhão probaron en el Cerrado un modelo mixto que paga por adoptar prácticas y luego entrega bonos por resultados, como reducir el uso de agroquímicos, en una superficie piloto de 7.000 acres (unas 2.833 hectáreas), con la meta de llegar a 30.000 acres (unas 12.141 hectáreas). En Argentina, el programa de abastecimiento sustentable de Syngenta con PepsiCo reconoce hasta un 2 % sobre el precio de mercado local a productores de girasol que acrediten técnicas regenerativas.
Para los productores, la señal es doble. El Programa Piloto Regenerativo ya cuenta con presupuesto público de peso en una de las mayores potencias agrícolas del mundo y, al mismo tiempo, su continuidad dependerá de lo que decida el Congreso estadounidense y de la capacidad real de los técnicos en terreno. En los demás países, la discusión de fondo seguirá siendo quién paga la transición: el Estado, el mercado de carbono o la industria que compra la cosecha.
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por Juan Lagos