Cuando Estados Unidos confirmó su nueva ofensiva arancelaria el 23 de julio, Argentina se enteró de que pagaría 10% de arancel. Chile, en cambio, recibió la noticia de que pagará 12,5%, el tramo arancelario más alto del esquema. La diferencia no fue casualidad: según reveló Infobae, se explica por la alianza política que Javier Milei construyó con Donald Trump, sellada en un almuerzo en la Casa Blanca que Chile nunca tuvo.

El origen de la diferencia: un almuerzo en Washington

Según reportó Infobae desde Washington, la decisión de fijar a Argentina en el tramo arancelario más bajo respondió directamente a “la alianza estratégica que protagonizan Javier Milei y Donald Trump”. El medio detalló que, durante un almuerzo oficial en la Casa Blanca, el propio Trump le anunció personalmente a Milei un beneficio adicional: la ampliación de la cuota de exportación de carne bovina argentina hacia Estados Unidos, que subió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, un salto que permitirá a Argentina incrementar en cerca de US$800 millones sus exportaciones de carne al mercado estadounidense. La conclusión del propio reportaje es directa: “fue una decisión política de Trump, que privilegia su alianza regional con la Argentina”.

Cómo se enteró Argentina, y cómo reaccionó

La reacción del gobierno argentino, apenas confirmada la noticia, fue de celebración abierta. El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a marcar la diferencia en redes sociales sin ninguna sutileza: “Argentina quedó en el tramo arancelario más bajo, el único país de Sudamérica en esa posición”, escribió, comparándolo explícitamente con el “12,5% para Chile, Colombia, Perú y Uruguay” y hasta “37,5% para Brasil”. Ravier remató con una frase que resume el tono triunfal de la respuesta oficial: “todos nuestros competidores regionales pasaron al tramo alto. La Argentina no”. El vocero agregó, además, que Argentina logró 93 posiciones arancelarias en 0% exclusivas para el país, un beneficio que ningún otro socio comercial de la región obtuvo, y atribuyó todo el resultado al “excelente momento que atraviesa la relación bilateral en el marco de la Alianza Estratégica” entre ambos presidentes.

Cómo se enteró Chile, y cómo reaccionó

Del otro lado de la cordillera, la noticia llegó con un tono completamente distinto. La Tercera tituló su cobertura sin rodeos: “Estados Unidos castiga a Chile con arancel de 12,5%”, remarcando que “las autoridades y gremios locales no lograron convencer a la administración Trump, como sí lo hicieron otros países”, y que Chile terminó fijado en la tasa máxima del esquema junto a otras 38 economías. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó el argumento detrás del arancel —la supuesta falta de controles contra el trabajo forzoso— como “una chiva que casi parece chiste”, mientras la Cancillería chilena emitió un comunicado remarcando que la resolución estadounidense “no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición”.

El contraste que ya venía de antes

La diferencia de trato no apareció de la nada: ya se venía observando en otros frentes económicos durante 2026. El presidente de la Cámara Minera chilena, Manuel Viera Flores, advirtió meses antes sobre la brecha de inversión que se abría con Argentina gracias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Milei: mientras Argentina logró aprobar proyectos por unos US$26.000 millones en apenas 18 meses, Chile apenas sumó iniciativas por US$62 millones en el mismo período. “Sin estabilidad fiscal a 20 o 30 años, no competimos con el RIGI argentino”, advirtió entonces el dirigente, en un diagnóstico que hoy vuelve a repetirse, esta vez en el terreno arancelario.

Lo que dicen los gremios sobre el impacto en los precios

Más allá de la molestia política, los gremios exportadores ya empezaron a cuantificar el efecto económico concreto de la medida. Desde el Consejo del Salmón, que representa al segundo producto más exportado de Chile —y donde el país abastece más del 40% del salmón que consumen los estadounidenses— advirtieron que el arancel se traducirá en menores márgenes para los exportadores chilenos y mayores precios para importadores y consumidores en el propio mercado estadounidense, dado que Estados Unidos no produce salmón y depende casi por completo de proveedores externos para abastecer su demanda. Su presidenta, Loreto Seguel, fue enfática en calificar la decisión como “perjudicial para Chile y para nuestros sectores exportadores”, respaldando las gestiones bilaterales que impulsa la Cancillería para revertir la medida.

SalmonChile, por su parte, remarcó en su declaración oficial que su expectativa era que el salmón de cultivo chileno quedara exento del arancel, “considerando las características de nuestro producto y su importancia para el mercado estadounidense”, y anunció que seguirá insistiendo en esa solicitud específica ante la USTR. Ninguno de los gremios consultados hasta ahora —ni el Consejo del Salmón, ni la SNA, ni Frutas de Chile— entregó un plazo concreto sobre cuándo se trasladaría el mayor costo del arancel a los precios finales; el diagnóstico compartido, por ahora, es que el golpe se sentirá primero en los márgenes de las propias exportadoras chilenas, antes de trasladarse eventualmente a los precios que paga el consumidor estadounidense.

Un cálculo más preciso del impacto económico surgió de una reunión coordinada entre el Gobierno y los gremios exportadores —Sofofa, CPC, SNA, Frutas de Chile, SalmonChile, Consejo del Salmón, ChileCarne, Corma, Chilealimentos, Vinos de Chile, Asexma y AmCham— donde se estimó que el impacto en los envíos de salmón podría llegar a US$500 millones, y el de la fruta a US$400 millones, según cifras reportadas por The Clinic.

Lo que viene

Con Argentina capitalizando políticamente su cercanía con Washington y Chile insistiendo en la vía diplomática para lograr exclusiones adicionales, el episodio deja una lectura que trasciende el propio arancel: en la actual política comercial de Estados Unidos, la relación personal entre presidentes puede pesar tanto como cualquier argumento técnico sobre comercio o derechos laborales, y por ahora, esa relación juega a favor de Buenos Aires y en contra de Santiago.

por José Rios