La expansión de la energía fotovoltaica en Chile enfrenta una contradicción que cada vez resulta más difícil de ignorar: los proyectos de mayor escala se instalan sobre algunos de los suelos agrícolas más fértiles del país, desplazando cultivos, comunidades rurales y paisajes productivos que tardan décadas en construirse y que, una vez eliminados, no se recuperan.

El debate, que hasta hace poco se mantenía en los márgenes de la discusión energética, estalló esta semana en la zona central. Vecinos de San Juan de Pirque y de Tipaume, en la comuna de Rengo, alertaron públicamente sobre dos proyectos fotovoltaicos que, de concretarse, eliminarían cientos de hectáreas de tierras agrícolas actualmente productivas en la Región de O’Higgins y en la periferia de la Región Metropolitana.

El primero es el proyecto “Platero”, que contempla la instalación de 28.224 paneles solares sobre un predio de 11 hectáreas de nogales en San Juan de Pirque, sector de alto valor patrimonial y agrícola. El escultor Francisco Gazitúa, Premio Nacional de Artes 2021, junto a la artista visual Ángela Leible, el compositor Francisco Herrera y el arquitecto Luis Armando Navarro, alertaron que la iniciativa supone una paradoja ambiental: se presenta como ecológica pero implicaría eliminar miles de árboles que hoy capturan CO₂, previenen la erosión y regulan la humedad del suelo.

El segundo caso es de mayor envergadura. La multinacional española Grenergy ingresó en febrero de 2026 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) el proyecto “Parque Fotovoltaico y Sistema BESS Chanqueahue”, con una potencia instalada de 180,24 MWp y 271.040 paneles fotovoltaicos, sobre una superficie total de 278,73 hectáreas ubicadas a unos 10 kilómetros al sur poniente del centro de Rengo. La inversión estimada asciende a 227 millones de dólares e incluye un sistema de almacenamiento con baterías de ion-litio con 6,5 horas de autonomía, además de una línea de transmisión de 220 kV hacia la subestación Totihue.

Según denunció un vecino de ambas zonas afectadas, los terrenos sobre los que se emplazaría Chanqueahue están 100% en producción activa, con viñas, cerezos, almendros, cultivos forrajeros y lecherías. El proyecto también afectaría a la Reserva Natural Tipaume, colindante con el área del parque fotovoltaico.

Un problema que no es aislado

La tensión entre la expansión solar y la preservación del suelo agrícola no es nueva en Chile, pero se ha intensificado de manera sostenida. Según el INIA, en las regiones del centro sur del país ya se han establecido más de dos mil hectáreas de parques solares que han dejado de estar disponibles para la agricultura. El investigador en fruticultura del INIA Quilamapu, Jorge Retamal, señaló que para el año 2050, la FAO proyecta que el suelo agrícola mundial se reducirá a la mitad, lo que condicionará directamente la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.

La directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Ana Lía Rojas, reconoció que existe un boom de proyectos de energías renovables no convencionales —el 41% de la energía que se genera en Chile proviene de esas fuentes— y que hay requerimientos contrapuestos entre la necesidad de expandir la generación renovable y la de preservar los terrenos agrícolas, situación que requiere una política pública de ordenamiento territorial.

Esa política aún no existe. La falta de un marco legal que regule, proteja y fomente la restauración del suelo de manera adecuada podría acarrear serias consecuencias para Chile y sus ciudadanos. El Proyecto de Ley Marco de Suelos lleva décadas en discusión: desde 1994 existe registro de la intención de generar una legislación de ese tipo, pero recién en 2026 el Gobierno ingresó indicaciones para avanzar en su tramitación. En febrero de ese año, la iniciativa avanzó a la Comisión de Hacienda del Senado.

Lo que Europa ya resolvió

Mientras Chile tramita su ley de suelos, otros países ya tomaron decisiones más drásticas. Suiza y Alemania prohibieron la instalación de nuevos parques fotovoltaicos tradicionales en superficies agrícolas, y están subvencionando sistemas agrofotovoltaicos que generan eficiencias del uso del suelo superiores al 100%, combinando producción energética con producción de alimentos.

El debate también es urgente en España, país de origen de la empresa promotora del proyecto Chanqueahue. El despliegue de instalaciones fotovoltaicas podría superar las 100.000 hectáreas de zonas fértiles para 2030 en territorio español, mientras millones de hectáreas permanecen abandonadas sin aprovechamiento. Organizaciones del sector agrario español han advertido que el cambio de uso del suelo agrícola a suelo industrial erosiona la soberanía alimentaria, genera menos empleo, menos arraigo local y provoca despoblación rural.

La tecnología AgriPV —que permite instalar paneles sobre cultivos manteniendo la producción agrícola activa— se presenta como una alternativa viable. El Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer Chile Research ya instaló plantas fotovoltaicas sobre cultivos en El Monte, Lampa y Curacaví para demostrar que es posible aprovechar la radiación solar sin eliminar tierras cultivables. Sin embargo, los proyectos que hoy se tramitan ante el SEA responden a otro modelo: paneles de gran escala sobre suelo despejado, sin vocación de coexistencia con la actividad agrícola.

Hectáreas que no vuelven

El trasfondo de este debate es uno de los más sensibles para la seguridad alimentaria del país. El 79% de los suelos agrícolas chilenos muestra algún grado de degradación y aproximadamente la mitad está afectada por erosión. En ese contexto, permitir que cientos de hectáreas de tierra fértil y productiva queden sepultadas bajo estructuras industriales durante 35 años no es una decisión neutra.

Los proyectos fotovoltaicos tampoco generan el empleo que prometen a largo plazo. Durante la fase de operación, Chanqueahue requeriría entre 5 y 9 trabajadores permanentes, frente a las decenas de empleos que hoy generan en las mismas tierras las viñas, los cerezos, los almendros y la lechería.

Las voces que se han levantado en Pirque y en Tipaume no son contrarias a la energía solar. Su argumento es más preciso: que producir electricidad limpia no puede ser una razón para destruir el capital productivo del territorio. En palabras del vecino Mateo Matteucci, “una hectárea agrícola que se pierde nunca más se recupera”.

Fuentes: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Revista Electricidad, pv magazine Latin America, INIA Quilamapu, ACERA, Ministerio de Energía, FAO.