Un proyecto de ley que modifica las normas de autocontrol en materia de pesaje de camiones, actualmente en segundo trámite en la Comisión de Obras Públicas del Senado, concentra una creciente oposición del mundo exportador. A las críticas ya formuladas por el sector portuario, los operadores logísticos y el comercio, se suman ahora los gremios frutícola y forestal, dos pilares fundamentales de las exportaciones chilenas.

Un proyecto con larga historia

La iniciativa tiene su origen en 2012 y estuvo más de una década paralizada en el Congreso. Reactivada con fuerza en 2025, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados —con 114 votos a favor y ninguno en contra— en julio de ese año, y avanza en el Senado con el respaldo del Gobierno de José Antonio Kast. El 10 de junio pasado, el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones que, lejos de calmar al empresariado, avivó aún más el debate.

El argumento de fondo es la protección de la infraestructura vial. Un camión que circula con sobrepeso deteriora el pavimento de forma acelerada, acorta la vida útil de caminos y puentes, y traslada ese costo al Estado en forma de mantenciones más caras y frecuentes. Hoy, Chile cuenta con solo 27 estaciones de pesaje fijas y 27 móviles a cargo de la Dirección de Vialidad, una cobertura que resulta insuficiente frente al volumen de carga que circula por la red vial nacional. La nueva normativa incorporaría hasta 550 puntos adicionales de control, ubicados directamente en empresas generadoras o transmisoras de carga.

Qué exige el proyecto

La iniciativa modifica el marco legal vigente para ampliar la definición de Empresas Generadoras de Carga y Empresas Transmisoras de Carga, incorporando a centros de transferencia que impactan directamente el tránsito terrestre: puertos marítimos, aeropuertos, terminales ferroviarios, bodegas y centros de distribución, entre otros. Todas las entidades que movilicen 60 mil toneladas o más al año quedarían obligadas a instalar sistemas de pesaje certificados, elaborar manuales de operación y transmitir datos en línea al Ministerio de Obras Públicas, además de emitir un certificado digital por cada despacho.

El umbral de 60 mil toneladas equivale a un flujo de entre cuatro y seis camiones de gran tonelaje por día, lo que en la práctica incluye a una parte significativa de los operadores que participan en la cadena exportadora agrícola y forestal del país.

El impacto del pesaje de camiones en las exportaciones agrícolas

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, advirtió que la fruta chilena compite al más alto nivel en los mercados internacionales y que, en ese negocio, el tiempo es un factor crítico: cualquier demora puede afectar la condición de llegada del producto a destino y la competitividad de las exportaciones. En ese escenario, señaló que no existe margen para absorber nuevas cargas operacionales, especialmente en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos globales. Con todo, el dirigente se mostró dispuesto a colaborar en soluciones que concilien el control vial con una logística moderna y eficiente.

Desde el sector forestal, el presidente del Departamento de Logística de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Gonzalo Pelén, señaló que el gremio comparte el objetivo de proteger la infraestructura vial, pero cuestionó que la iniciativa traspase al sector privado funciones que corresponden al Estado, generando costos y responsabilidades operativas que, a su juicio, no les competen. Pelén advirtió además que el proyecto deja abiertas múltiples interrogantes sobre implementación, fiscalización y los procedimientos a seguir frente a eventuales incumplimientos, y llamó a contar con reglas claras antes de avanzar.

La posición de ambos gremios converge con la que ya habían planteado Camport y los operadores logísticos, quienes argumentan que el control del sobrepeso debe realizarse donde ocurre la infracción —la carretera— y no en el acceso a los terminales, donde solo se agrega congestión y costos al comercio exterior.

Camioneros a favor, empresas logísticas en contra

El debate tiene un actor que respalda el proyecto con fuerza: la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC). El gremio sostiene que la iniciativa corrige una situación que consideran injusta, ya que actualmente son los conductores quienes deben asumir multas por exceso de peso en cargas contenidas en contenedores sellados, sin haber participado en la determinación de los tonelajes. Para la CNDC, son los actores que generan o transfieren las cargas —especialmente en puertos y estaciones de transferencia— quienes deben responder cuando se exceden los límites permitidos. El gremio calcula que la norma beneficiaría a cerca de 40 mil empresas de transporte que movilizan alrededor del 95% de las mercancías que circulan en Chile.

En el otro extremo, desde el sector logístico se han presentado cifras que cuestionan la viabilidad económica del proyecto. Como referencia, se ha citado el caso del puerto de Valparaíso, donde el servicio de pesaje bruto de un contenedor agrega un costo equivalente al 81% del valor de una operación estándar de descarga y entrega. A nivel macro, proyecciones entregadas al Ministerio de Obras Públicas y al Senado estiman que el costo de la norma solo en contenedores y bodegaje podría superar los 6.200 millones de dólares en 20 años.

El Gobierno llama al diálogo

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, reconoció que las preocupaciones del sector privado son legítimas y afirmó que existe disposición para acoger propuestas antes de que el proyecto avance. La autoridad también destacó que el sobrepeso de carga no solo daña los caminos, sino que genera competencia desleal y se asocia a prácticas como el contrabando, por lo que la regulación apunta también a proteger a quienes sí cumplen las reglas. El proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Obras Públicas del Senado, presidida por la senadora María José Gatica.