Hay una ironía que no pasó desapercibida entre los especialistas en política migratoria de Estados Unidos: el programa de visas agrícolas que el gobierno de Donald Trump modificó —recortando salarios hasta en un 32%— es el mismo que sus propias empresas, incluyendo Mar-a-Lago y sus viñedos, han utilizado durante años para contratar mano de obra extranjera.
Qué es el H-2A y por qué es tan importante
El programa H-2A existe desde 1986 y es, hasta hoy, la única vía legal a gran escala que tiene un agricultor estadounidense para contratar mano de obra extranjera temporal cuando no logra cubrir esos puestos con trabajadores locales. A diferencia de otras visas laborales, no tiene un tope anual de cupos, lo que ha permitido que su uso crezca de forma sostenida en la última década, a medida que la mano de obra local para trabajos de cosecha se ha vuelto cada vez más escasa. Hoy, casi tres de cada cuatro trabajadores agrícolas en Estados Unidos son hispanos, dos tercios son inmigrantes, y prácticamente la mitad de ese grupo se encuentra en situación migratoria irregular, lo que deja a buena parte de la fuerza laboral del campo estadounidense en una posición especialmente vulnerable frente a cualquier cambio regulatorio.
Qué cambió exactamente
Según reveló un análisis del Economic Policy Institute (EPI) publicado el 24 de marzo de este año, coincidiendo con el Día Nacional de la Agricultura en Estados Unidos, las nuevas reglas de la administración Trump sumarán al menos 150.000 trabajadores agrícolas extranjeros adicionales al campo estadounidense, pero al mismo tiempo modificaron la metodología con la que el Departamento del Trabajo calcula sus salarios, lo que en la práctica se traduce en recortes de entre 26% y 32%.
En dólares, eso significa que estos trabajadores —de los cuales el 90% son mexicanos— podrían perder entre US$3 y US$7 la hora. Además, bajo las nuevas reglas, el costo de la vivienda —hasta un 30% del sueldo— pasa a ser descontado directamente del pago del trabajador, cuando antes ese gasto corría por cuenta del empleador.
Un recorte que no se queda solo en los extranjeros
El propio informe del EPI advierte que el abaratamiento de la mano de obra extranjera también golpeará a los trabajadores agrícolas estadounidenses, con una caída proyectada de hasta un 9% en sus ingresos. Sumando ambos efectos, el conjunto de los trabajadores del campo en Estados Unidos podría perder entre US$4.400 y US$5.400 millones al año.
El investigador del EPI, Daniel Costa, explicó que la justificación oficial del gobierno para bajar tanto los salarios es que la propia administración Trump anticipa deportaciones masivas que generarán escasez de mano de obra en el agro, por lo que buscan asegurar que los empleadores puedan seguir contratando sin pagar más. En ese sentido, el gobierno proyecta que el número de trabajadores con visa H-2A siga creciendo con fuerza, pasando de 380.000 actuales a unos 515.000 hacia 2034.
Un programa que Trump conoce de cerca
Lo que hace más llamativa esta historia es que Trump no es ajeno al programa que su gobierno modificó. Costa recordó que el propio mandatario, a través de sus empresas —incluyendo el resort de Mar-a-Lago y sus viñedos—, ha sido usuario habitual tanto del programa H-2A como del H-2B, su equivalente para trabajos no agrícolas.
La medida ya generó una respuesta legal: el mayor sindicato agrícola de Estados Unidos, la Unión de Campesinos (UFW), junto a su fundación y 18 trabajadores a título individual, presentó una demanda contra lo que califican como el recorte salarial arbitrario de la administración. Un detalle que le agrega tensión al debate: pese a las promesas de deportaciones masivas que la propia administración usó como justificación para bajar los salarios, distintos empleadores del sector han reportado hasta ahora menos deportaciones de trabajadores agrícolas de las que anticipaban, lo que pone en duda la premisa de fondo detrás de la medida.
Una lección que va más allá de Estados Unidos
Más allá de la coyuntura política, este episodio deja una lección de fondo para el agro en general: la disponibilidad y el costo de la mano de obra son, cada vez más, un factor tan determinante para la competitividad de un sector agrícola como el clima o el precio internacional de los commodities. Y es una tensión que ningún país productor tiene realmente resuelta: hoy es Estados Unidos discutiendo cuánto pagarle a sus trabajadores estacionales, pero el dilema de fondo —cómo asegurar suficiente mano de obra sin volver insostenible el costo de producir alimentos— es uno que tarde o temprano toca a cualquier país que dependa de cosechas intensivas en trabajo humano.
por José Rios