Una demanda colectiva acusó a Corteva de pagar a sus distribuidores para frenar la entrada de pesticidas genéricos más baratos, incluso después de que vencieran las patentes que protegían sus productos. Ahora, más de 100.000 agricultores estadounidenses se repartirán un acuerdo de US$85 millones.

Una de las mayores empresas de agroquímicos del mundo llegó a un acuerdo judicial que pondrá fin, al menos en parte, a una demanda antimonopolio que se extendió por varios años. Corteva aceptó pagar US$85 millones para resolver las acusaciones de un grupo de agricultores que la responsabilizaba de usar programas de fidelización con distribuidores para mantener artificialmente altos los precios de sus pesticidas.

De qué se acusaba a Corteva

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Carolina del Norte, alegaba que Corteva utilizó programas de fidelización o “loyalty rebate” con sus distribuidores para bloquear el ingreso de versiones genéricas más baratas de varios de sus productos, incluso después de que vencieran las patentes que originalmente protegían esas fórmulas.

El mecanismo, según la denuncia, consistía en pagos a los distribuidores condicionados a que mantuvieran sus compras de pesticidas genéricos de la competencia por debajo de cierto umbral. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) explicó en su denuncia original que, normalmente, cuando una patente vence, entran al mercado versiones genéricas que presionan los precios a la baja. Los agricultores sostenían que este esquema impidió que eso ocurriera, forzándolos a comprar productos de marca a precios inflados.

La demanda, presentada inicialmente en 2022, buscaba en su momento representar a unos 100.000 compradores de pesticidas de Corteva y a otros 250.000 compradores de productos de Syngenta, la otra empresa señalada en el litigio, en una demanda conjunta que llegó a reclamar más de US$2.000 millones en daños totales.

Un acuerdo que cubre siete años de compras

Según la moción de aprobación preliminar presentada en junio de 2026, el acuerdo de US$85 millones cubrirá a los agricultores y otros compradores que adquirieron productos específicos de protección de cultivos de Corteva entre octubre de 2018 y mayo de 2026. Corteva se comprometió a depositar los fondos en una cuenta de garantía dentro de los 14 días siguientes a la presentación de la moción, o a más tardar el 24 de junio de 2026.

Los propios abogados de los demandantes calificaron la recuperación como “significativa”: según su escrito, el monto representa cerca del 10% del total de daños que su experto calculó como consecuencia de la conducta atribuida a Corteva, muy por encima de los cero dólares que la empresa había argumentado que correspondía pagar. El acuerdo resuelve las reclamaciones, pero no implica un reconocimiento de responsabilidad por parte de la compañía.

Es importante precisar que este acuerdo es exclusivamente con Corteva y no incluye a Syngenta, que sigue como demandada en el mismo litigio.

Un frente regulatorio que se abrió por varios lados

El caso de los agricultores no fue el único frente legal que enfrentó Corteva por este mismo esquema. En julio de 2026, la compañía también llegó a un acuerdo con la FTC y con fiscales generales de una docena de estados —California, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska, Oregon, Tennessee, Texas, Washington y Wisconsin—, en una demanda separada presentada originalmente el 29 de septiembre de 2022 junto a Syngenta. Ese acuerdo, un decreto de consentimiento, aún está pendiente de aprobación judicial.

A eso se suma un tercer proceso: en agosto de 2026, Corteva acordó pagar US$3,1 millones para resolver una demanda separada presentada por el fiscal general de Arkansas, que había ampliado su denuncia en 2024 para incluir más productos y que en febrero de 2025 había logrado que un tribunal federal rechazara los intentos de Corteva y Syngenta de que el caso fuera desestimado.

Lo que sigue

Con la aprobación preliminar en trámite ante la corte de Carolina del Norte, los más de 100.000 agricultores elegibles deberán esperar el proceso de identificación de la clase y la distribución de los fondos. Mientras tanto, la demanda contra Syngenta por el mismo esquema de fidelización continúa su curso, por lo que este capítulo del litigio antimonopolio en el mercado de agroquímicos aún no está cerrado.

Fuentes: Law360, Cohen Milstein, DTN Progressive Farmer, Regulatory Oversight, Red River Farm Network, Federal Trade Commission.

por Juan Lagos