El Gobierno chileno dio un nuevo paso en su agenda económica al anunciar el ingreso de dos proyectos de ley enfocados en las pequeñas y medianas empresas (pymes), con medidas que apuntan directamente a mejorar su liquidez, reducir su carga tributaria y fortalecer su sostenibilidad en un escenario económico aún desafiante.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para dinamizar la economía, apoyar el empleo y fortalecer el ecosistema emprendedor, reconociendo que las pymes representan más del 50% del empleo en el país y son un motor clave del desarrollo territorial.
Dos ejes clave: impuestos y flujo de caja
Los proyectos anunciados por el Ministerio de Economía se estructuran en torno a dos pilares centrales:
1. Alivio tributario para pymes
El primer proyecto busca reducir la carga tributaria y facilitar el cumplimiento fiscal de las empresas de menor tamaño. Entre las medidas que se han discutido o proyectado en iniciativas similares destacan:
- Rebajas en tasas de impuestos para pymes
- Reducción de intereses por deudas tributarias
- Nuevos regímenes simplificados o transparentes
- Apoyo a emprendimientos mediante mecanismos como el “monotributo social”
El objetivo es claro: liberar recursos para que las empresas puedan reinvertir, contratar y crecer, especialmente en un contexto de estrechez financiera.
2. Fortalecimiento del pago a 30 días
El segundo proyecto apunta a reforzar uno de los temas más sensibles para las pymes: el flujo de caja.
En Chile ya existe la ley que obliga al pago de facturas en un máximo de 30 días, pero el nuevo impulso busca mejorar su cumplimiento y cerrar brechas aún existentes.
Este punto es clave, considerando que:
- Muchas pymes enfrentan retrasos de pago incluso superiores a 60 o 90 días
- Los atrasos generan dependencia de factoring y endeudamiento
- La liquidez es uno de los principales factores de quiebre empresarial
Históricamente, esta normativa ha sido considerada estructural, ya que entrega certeza de pago a miles de empresas proveedoras en el país.
El problema de fondo: liquidez y desigualdad en la cadena de pagos
Uno de los principales desafíos que busca abordar esta agenda es la asimetría entre grandes empresas y pymes.
Aunque existen normas, en la práctica muchas pequeñas empresas siguen financiando a sus clientes —especialmente grandes compañías o instituciones— debido a pagos tardíos.
Incluso desde el Congreso se ha advertido que sectores como los municipios pueden demorar pagos por largos períodos, afectando directamente a proveedores pequeños.
Impacto esperado: inversión, empleo y reactivación
Desde el Ejecutivo, la apuesta es que estas medidas generen:
- Mayor liquidez para las pymes
- Incentivos a la inversión y crecimiento
- Reducción de la informalidad
- Estabilidad en la cadena de pagos
Además, se complementa con otras políticas en discusión, como subsidios al empleo y reducción de burocracia para destrabar inversiones.
Desde la mirada del sector agrícola, esta agenda es especialmente relevante.
Gran parte del agro chileno opera bajo lógica pyme: productores, proveedores de insumos, transportistas y servicios asociados dependen directamente de pagos oportunos para sostener sus operaciones.
Este tipo de medidas podría traducirse en:
- Menor presión financiera en productores agrícolas
- Mayor estabilidad en cadenas de suministro
- Reducción del uso de factoring en el agro
- Mejor planificación de ciclos productivos
En sectores estacionales como la fruticultura, donde el flujo de caja es crítico, el cumplimiento efectivo del pago a 30 días puede marcar una diferencia estructural.
El ingreso de estos proyectos marca una señal clara: el fortalecimiento de las pymes vuelve a posicionarse como prioridad en la agenda económica del país.
Sin embargo, el desafío no solo está en legislar, sino en asegurar que estas medidas se cumplan en la práctica y logren corregir las brechas históricas que han afectado a miles de empresas.
Porque al final del día, más que beneficios, lo que las pymes necesitan es algo mucho más simple… certezas.