El Acuerdo de Escazú, tratado internacional pionero en América Latina sobre acceso a la información y justicia ambiental, fortalece la participación ciudadana en decisiones ambientales en Chile. Esto podría tener implicancias importantes en la gestión de proyectos productivos y de uso de recursos, incluida la agricultura sostenible.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional que busca garantizar que las personas puedan acceder a información ambiental, participar en decisiones que afecten el medio ambiente y acceder a la justicia cuando sus derechos ambientales se vean vulnerados.
Es el primer acuerdo de su tipo en la región que también incluye mecanismos para proteger a las personas defensoras de derechos ambientales, reconociendo su rol clave frente a amenazas ambientales y sociales.
Chile como Estado Parte
Chile es Estado Parte del Acuerdo de Escazú desde septiembre de 2022, lo que implica que el país se compromete a implementar sus principios y obligaciones.
Esto implica, por ejemplo:
- Acceso abierto a información ambiental de interés público.
- Mayor participación de la ciudadanía en decisiones ambientales relevantes.
- Acceso a vías legales y judiciales en casos de conflictos ambientales.
- Protección de personas y organizaciones que defienden el medio ambiente.
El Gobierno chileno, junto con organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está desarrollando planes e instrumentos para asegurar que estos derechos se materialicen en políticas públicas efectivas.
¿Qué cambia en la práctica?
Para el sector productivo, incluida la agricultura, el Acuerdo de Escazú no impone directamente nuevas obligaciones técnicas sobre cultivos o producción. Más bien, refuerza la transparencia y participación en decisiones ambientales, lo que puede tener efectos en:
- Evaluación de proyectos productivos: Requiere que las comunidades y productores tengan acceso a información clara antes de aprobar iniciativas que afecten recursos naturales, cuerpos de agua o suelos.
- Participación comunitaria: Organizaciones locales y ciudadanos pueden participar en procesos ambientales que afectan su territorio, incluyendo diálogos sobre riego, proyectos de infraestructura rural o expansión productiva.
- Justicia ambiental: Una persona o comunidad puede recurrir a instancias judiciales cuando sus derechos ambientales se vean vulnerados.
Este enfoque busca no solo mejorar la gobernanza ambiental, sino también anticipar y reducir conflictos socioambientales antes de que escalen.
Implementación Chile 2024–2030
Para dar efecto al Acuerdo, Chile aprobó un Plan Nacional de Implementación Participativa 2024–2030, que establece acciones concretas para garantizar el cumplimiento de los derechos del tratado. Esto incluye mejorar sistemas de acceso a datos ambientales, fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones y capacitar a instituciones públicas y comunidades.
Este plan también promueve mecanismos de gobernanza ambiental más inclusivos, con participación de diversos actores —comunidades rurales, organizaciones civiles y autoridades locales— en la gestión de recursos naturales.
Hacia una democracia ambiental más fuerte
El Acuerdo de Escazú representa un paso importante en la región para vincular derechos humanos y protección ambiental. No solo apunta a garantizar que todos tengan acceso a información ambiental, sino que también fortalece la participación pública y la transparencia en decisiones que afectan recursos compartidos como el agua, el suelo o la biodiversidad.
Para sectores productivos, incluyendo la agricultura, esto significa que la planificación de proyectos y usos de recursos debe considerar a quienes habitan y trabajan en los territorios, promoviendo así una gestión más sostenible y socialmente aceptada.
Recurso recomendado:
Acuerdo de Escazú – Ministerio del Medio Ambiente