En una América Latina golpeada por el avance del crimen organizado, la inseguridad urbana y la pérdida de confianza en las instituciones, el llamado “modelo Bukele” se ha convertido en una referencia inevitable. Desde El Salvador hacia el resto de la región, gobiernos, candidatos y ciudadanos observan con atención una fórmula que promete orden, control territorial y reducción drástica de la violencia. Pero la pregunta de fondo es más compleja: ¿puede realmente exportarse este modelo a otros países?
El debate volvió a tomar fuerza luego del análisis publicado por Razón Pública, que advierte que la experiencia salvadoreña no puede entenderse sin su contexto histórico: guerra civil, deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos, consolidación de la MS-13 y Barrio 18, y décadas de violencia extrema. El artículo plantea que el éxito político de Nayib Bukele se explica, en gran parte, por haber llegado al poder en un país agotado por el miedo y dispuesto a aceptar medidas extraordinarias a cambio de seguridad.
Un modelo que seduce porque entrega resultados visibles
El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios, una cifra históricamente baja para un país que en 2015 registró más de 6.600 asesinatos y era considerado uno de los más violentos del mundo. Según Associated Press, Bukele atribuyó este resultado al régimen de excepción y a su ofensiva contra las pandillas, que incluyó la suspensión de derechos constitucionales y mayores facultades para detener sospechosos.
Ese contraste explica por qué el “modelo Bukele” genera tanta atracción. Para millones de ciudadanos latinoamericanos que viven bajo extorsiones, asesinatos, narcotráfico o control territorial de bandas criminales, la promesa de recuperar las calles tiene una fuerza política enorme.
El problema es que el resultado visible —menos homicidios y más control estatal— viene acompañado de costos institucionales profundos. Desde marzo de 2022, más de 83.000 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción, muchas de ellas sin debido proceso, según AP. El propio Bukele ha señalado que miles de inocentes fueron liberados, lo que confirma que el margen de error del sistema no ha sido menor.
La otra cara: derechos humanos, prisiones y justicia masiva
La principal crítica al modelo no está en negar la reducción de homicidios, sino en advertir el precio institucional y humano de esa estrategia. Human Rights Watch informó que la población penitenciaria salvadoreña llegó a cerca de 118.000 personas, equivalente al 1,9% de la población del país, una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Además, reportó al menos 458 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción, sin que existan responsabilidades claras por esos fallecimientos.
A esto se suma el avance de los juicios masivos. Reuters reportó que, en abril de 2026, El Salvador desarrolló el mayor juicio colectivo hasta ahora bajo la ofensiva de Bukele, con 486 presuntos integrantes de pandillas procesados en una audiencia seguida desde una megacárcel. La agencia consignó que el país ha detenido a más de 91.000 personas bajo poderes de emergencia y que la ley salvadoreña permite los juicios masivos, una práctica cuestionada por defensores de derechos humanos por afectar el derecho a una defensa individual.
Este punto es clave para América Latina: una política pública de seguridad no solo debe medirse por su capacidad de reducir delitos, sino también por su compatibilidad con el Estado de derecho. El dilema no es menor: ¿cuánta institucionalidad está dispuesta a sacrificar una sociedad para recuperar seguridad?
¿Por qué no es tan fácil copiarlo?
La tesis central de Razón Pública es que el modelo no es exportable de manera simple. El Salvador tiene características muy particulares: tamaño territorial reducido, estructura criminal concentrada en pandillas específicas, alto nivel de control político del Ejecutivo, fuerte respaldo popular y una historia reciente marcada por violencia extrema. Ninguna de esas condiciones se replica exactamente en países como Colombia, Ecuador, Honduras, México o Chile.
CIDOB, centro internacional de análisis, coincide en que el “bukelismo” tiene un balance dual: resultados de seguridad muy visibles, pero con un costo severo en derechos humanos y democracia. Además, advierte que los actores criminales tienen capacidad de adaptación, por lo que aún está abierta la pregunta sobre qué ocurrirá cuando El Salvador vuelva —si es que vuelve— a una normalidad constitucional.
El riesgo, por tanto, no es solo que otros países intenten copiar cárceles, estados de excepción o detenciones masivas. El riesgo más profundo es que copien el discurso: la idea de que las garantías legales son un obstáculo, que la crítica es enemiga del orden y que la seguridad solo puede lograrse debilitando controles democráticos.
Colombia, Ecuador y la región miran con atención
En países donde la violencia se ha intensificado, el modelo salvadoreño aparece con fuerza en el debate público. Ecuador, por ejemplo, ha enfrentado una escalada vinculada al crimen organizado y al narcotráfico transnacional. Colombia, por su parte, mantiene desafíos complejos en seguridad rural, economías ilegales, disidencias armadas y control territorial.
Pero el tipo de criminalidad importa. El Salvador enfrentaba principalmente estructuras pandilleriles urbanas con fuerte control territorial, mientras que otros países tienen redes criminales más fragmentadas, economías ilegales más sofisticadas, fronteras extensas, selvas, puertos estratégicos y vínculos transnacionales. En esos escenarios, una fórmula de encarcelamiento masivo puede tener efectos limitados o incluso contraproducentes si no va acompañada de inteligencia, persecución financiera, control de armas, fortalecimiento judicial, prevención social e institucionalidad local.
La seguridad también es un tema económico y agroalimentario
Aunque el debate parece estrictamente político, tiene una dimensión productiva evidente. En América Latina, la inseguridad afecta directamente a la economía real: transporte, comercio, inversión, turismo, agricultura y abastecimiento.
Para el agro, la seguridad territorial es fundamental. Sin caminos seguros, sin control estatal, sin justicia eficaz y sin instituciones confiables, los productores enfrentan extorsiones, robos, restricciones de movilidad, mayores costos logísticos y menor inversión. En varios países de la región, el crimen organizado no solo opera en ciudades: también penetra zonas rurales, cadenas de transporte, puertos, fronteras y economías agrícolas.
Por eso, el debate no puede reducirse a una falsa dicotomía entre “mano dura” o “garantismo”. El verdadero desafío es construir seguridad efectiva, pero sostenible: una seguridad que proteja a las personas, permita producir, fortalezca la presencia del Estado y no destruya las bases democráticas que hacen posible el desarrollo.
La gran pregunta: orden rápido o seguridad sostenible
El atractivo del modelo Bukele es comprensible: ofrece resultados rápidos en sociedades cansadas del miedo. Pero su exportación plantea una alerta mayor. Si los países latinoamericanos intentan replicar la fórmula sin considerar sus contextos, capacidades institucionales y tipos de criminalidad, podrían terminar importando más autoritarismo que seguridad.
La experiencia salvadoreña deja una lección incómoda: el orden puede construirse con medidas excepcionales, pero sostenerlo en el tiempo exige más que cárceles, popularidad y control político. Requiere justicia, prevención, desarrollo territorial, empleo, educación, instituciones confiables y capacidad estatal permanente.
En definitiva, el modelo Bukele no es una receta lista para copiar. Es un espejo que muestra tanto el deseo profundo de seguridad en América Latina como el riesgo de responder a ese deseo debilitando la democracia. La región necesita combatir el crimen con decisión, pero también con inteligencia institucional. Porque una sociedad segura no es solo aquella donde bajan los homicidios; es aquella donde la gente puede vivir, trabajar, producir y confiar en que la ley protege a todos.