La muerte del cabo primero Marcos Cosme, confirmada la tarde de este sábado tras cuatro días luchando por su vida, desencadenó una ola de reacciones que atravesó todo el espectro político chileno durante la jornada. Más allá del dolor compartido, las declaraciones de autoridades y parlamentarios dejaron a la vista un debate de fondo que sigue sin resolverse: cómo enfrentar una violencia que, solo en la última semana, dejó a cuatro carabineros baleados en distintos puntos del país.
La muerte del cabo Cosme, un día de pesar unánime y conclusiones dispares
Carabineros confirmó el deceso de Marcos Javier Cosme Barquero, de 32 años, en la tarde de este sábado, luego de permanecer en estado de extrema gravedad en el Hospital Base de Valdivia desde el miércoles, cuando recibió un disparo en el rostro durante el operativo que permitió detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, señalado como el presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Naín en 2020. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, calificó la jornada como “un día triste” para la institución.
Lo que siguió fue un desfile de declaraciones que, aunque coincidieron en el pesar, divergieron marcadamente en el diagnóstico. El presidente José Antonio Kast calificó lo ocurrido como un asesinato cometido por “un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad” y prometió que tanto el detenido como quienes lo “protegieron y encubrieron” deberán responder. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agregó que el cabo “murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune”.
El punto que dividió las lecturas: ¿terrorismo o delincuencia?
La declaración que más resonó en la cobertura del día fue la de la senadora María José Gatica (RN), quien planteó que Carabineros “está preparado para enfrentar la delincuencia común, pero no para combatir el terrorismo”, y que el cabo fallecido “se enfrentó a un terrorista armado con un fusil, mientras él solo contaba con una pistola”, llamando a acelerar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). En la misma línea, el diputado Omar Sabat (UDI) pidió reforzar la Ley Naín-Retamal, mientras el senador republicano Rodolfo Carter llamó a no “acostumbrarnos a anunciar querellas” y a perseguir a los responsables “vivos o muertos”.
Esa caracterización del hecho como terrorismo, sin embargo, no fue el eje de todas las reacciones. Desde la oposición, el senador Juan Luis Castro (PS) puso el acento en la gestión más que en la calificación penal, señalando que la impunidad “a este extremo es intolerable” y exigiendo al gobierno “actuar con decisión” porque “el delito avanza más rápido que las leyes”. El Partido Por la Democracia y el diputado Matías Fernández (FA) optaron por un tono más centrado en las condolencias y en pedir que la investigación establezca responsabilidades, sin adoptar el marco del terrorismo. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, describió el hecho como un asesinato “cobarde”, evitando también esa calificación.
Una semana, cuatro carabineros baleados
Uno de los elementos que más peso adquirió en el debate del día fue el patrón, no el episodio aislado. El diputado Omar Sabat subrayó que “no puede normalizarse” que en una sola semana cuatro funcionarios de Carabineros hayan resultado baleados en procedimientos distintos. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reforzó ese punto al recordar que un día antes, el viernes, dos carabineros más habían sido baleados en la comuna de Lo Espejo, muy lejos de la Macrozona Sur, advirtiendo que “el crimen organizado no para ni teme al Estado y sus agentes”. La combinación de ambos episodios —uno vinculado al conflicto histórico del sur y otro a la violencia urbana asociada al crimen organizado— alimentó durante el día una discusión que mezcló dos fenómenos de seguridad distintos bajo una misma sensación de alarma pública.
Lo que viene
El presidente Kast confirmó que viajará este domingo a Temuco para participar en el responso fúnebre del cabo Cosme, gesto que sitúa simbólicamente el homenaje en la región donde ocurrió el crimen de Naín que originó todo el caso. En el plano legislativo, las próximas semanas pondrán a prueba si el episodio logra destrabar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza —pendientes desde hace meses en el Congreso— y si prospera la idea, impulsada por sectores de derecha, de ampliar el marco legal de la Ley Naín-Retamal. La oposición, en tanto, seguirá presionando por resultados concretos en la persecución del crimen organizado, más allá de la calificación jurídica que finalmente se le dé al hecho.
El trasfondo que persiste
Lo ocurrido esta semana en Valdivia no cierra, sino que reabre, la discusión sobre la violencia en la Macrozona Sur: el caso Naín-Cosme deja en evidencia que, cinco años después del crimen original, la investigación judicial recién ahora suma a su tercer imputado, mientras la conflictividad de la zona sigue produciendo nuevas víctimas fatales entre las fuerzas policiales. Para el mundo rural y agrícola de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos —el mismo territorio donde conviven comunidades mapuche, el Estado y buena parte de la actividad forestal y agropecuaria del sur del país— la muerte del cabo Cosme se suma a una lista de episodios que, año tras año, mantienen la seguridad rural como uno de los problemas no resueltos de la zona.
por José Rios