La propuesta del Ejecutivo busca reducir en forma paulatina el impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23%. La medida se presenta como un incentivo a la inversión y al crecimiento, pero ya enfrenta cuestionamientos por su impacto en la recaudación y por el beneficio que podría concentrarse en los contribuyentes de mayores ingresos.
Gobierno pone sobre la mesa una baja gradual del impuesto a las empresas
El Gobierno volvió a instalar en la agenda económica una de sus propuestas más sensibles: la reducción gradual del impuesto de Primera Categoría que pagan las empresas. La idea, defendida por el ministro de la Segpres, José García Ruminot, apunta a bajar la tasa desde el actual 27% hasta 23%, a razón de un punto por año. Según el Ejecutivo, el objetivo es mejorar las condiciones para invertir, producir más y generar empleo.
La iniciativa forma parte del paquete económico que el Gobierno ha vinculado a su proyecto de reconstrucción y reactivación. Desde Hacienda se ha señalado que el plan también contempla medidas para agilizar inversiones, apoyar el empleo formal y mover la economía en un escenario marcado por estrechez fiscal y bajo dinamismo.
La apuesta oficial: más inversión y mayor competitividad
El argumento central del Ejecutivo es que una menor carga tributaria corporativa podría mejorar la rentabilidad de los proyectos y fortalecer el flujo de caja de las empresas. Distintos análisis del mundo privado han apuntado en esa dirección, señalando que una rebaja de este tipo puede influir en decisiones de inversión, en la atracción de capital y en la competitividad de Chile frente a otros mercados.
En ese marco, el Gobierno ha insistido en que una menor tasa corporativa ayudaría a acercar a Chile a referentes internacionales, especialmente dentro de la OCDE. La discusión no es nueva, pero hoy reaparece con más fuerza en medio de señales de desaceleración, presiones sobre el empleo y una creciente competencia por captar inversión extranjera.
El otro lado del debate: menor recaudación y beneficio concentrado
Sin embargo, la propuesta está lejos de generar consenso. Un informe publicado por el Ministerio de Hacienda en marzo advirtió que por cada punto porcentual de rebaja del impuesto de Primera Categoría, el fisco dejaría de recaudar el equivalente a 0,13% del PIB. El mismo documento sostiene que cerca del 80% de ese costo fiscal beneficiaría al 1% de los contribuyentes de más altos ingresos.
Ese punto ha sido clave en las críticas. Economistas y actores políticos han advertido que reducir impuestos en un contexto de presión fiscal puede tensionar aún más las cuentas públicas. La discusión toma fuerza porque Chile cerró 2025 con un déficit efectivo preliminar de 2,8% del PIB, mientras la deuda bruta del Gobierno Central se ubicó en 41,7% del PIB estimado, según datos de Dipres.
Una señal económica con efectos políticos
Más allá de lo técnico, la rebaja del impuesto a las empresas ya se transformó en una señal política y económica de alto impacto. Para sus partidarios, puede ser un paso para reactivar la inversión privada. Para sus detractores, el riesgo es abrir un forado fiscal sin garantía de crecimiento suficiente para compensarlo.
En los próximos días, la clave estará en cómo el Ejecutivo detalle los mecanismos de compensación, los plazos y el efecto esperado sobre empleo e inversión. Sin esa letra fina, la discusión seguirá dividida entre quienes ven una oportunidad para mover la economía y quienes temen un costo fiscal demasiado alto para el país.