En medio de un escenario de bajo crecimiento y proyectos detenidos, vuelve a instalarse con fuerza una idea clave: Chile no necesita reinventar la rueda, sino acelerar lo que ya existe. La propuesta de aplicar mecanismos de “fast track” para destrabar inversiones aparece como una de las alternativas más concretas para reactivar la economía en el corto plazo.
Un problema estructural: inversión detenida
Uno de los principales cuellos de botella de la economía chilena no es la falta de proyectos, sino su ejecución.
Actualmente, se estima que existen más de US$16.000 millones en iniciativas atrapadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin avanzar por procesos largos y burocráticos.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí se ha profundizado en los últimos años, en un contexto donde Chile ha visto desacelerarse su crecimiento económico de forma sostenida.
¿Qué significa aplicar un “fast track”?
El concepto no implica relajar estándares ambientales ni eliminar regulaciones. Apunta a hacer más eficiente el proceso de evaluación.
Entre las medidas planteadas destacan:
- Evaluaciones en paralelo (no secuenciales)
- Reducción de tiempos administrativos
- Silencio administrativo positivo en plazos definidos
Un ejemplo concreto es el modelo aplicado en Australia, conocido como FAST (Fast Approval Stream Tracking), que permitió acelerar proyectos estratégicos y atraer inversiones por miles de millones de dólares.
No es teoría: ya se aplica en otros países
La discusión no es ideológica, es práctica.
Diversas economías han implementado mecanismos similares para acelerar inversiones en sectores clave como minería, energía e infraestructura. El objetivo es claro: reducir incertidumbre, mejorar tiempos de ejecución y aumentar competitividad.
En Chile, incluso desde el mundo empresarial y político se ha planteado avanzar en esa línea, priorizando la agilización de permisos y mayor certeza regulatoria como base para recuperar el crecimiento.
Reactivar sin gastar más: una clave estratégica
Uno de los puntos más relevantes del debate es que estas medidas no requieren grandes recursos fiscales.
A diferencia de políticas de estímulo basadas en gasto público, el fast track busca liberar inversiones ya existentes, lo que podría tener un impacto rápido en:
- Creación de empleo
- Dinamismo regional
- Actividad económica
- Recaudación fiscal
En un contexto de estrechez fiscal, esta alternativa aparece como especialmente atractiva.
El impacto directo en el agro y las regiones
Aunque muchas de estas iniciativas están asociadas a minería o energía, el impacto va mucho más allá.
El sector agroalimentario también depende de:
- Proyectos de riego
- Infraestructura hídrica
- Energía
- Logística
Cuando estos proyectos se retrasan, se frena la competitividad del agro, especialmente en regiones donde el desarrollo productivo depende directamente de estas inversiones.
Por eso, avanzar en procesos más ágiles no solo dinamiza la economía, sino que también fortalece el desarrollo territorial y rural.
El verdadero debate: velocidad vs. burocracia
El fondo de la discusión no es técnico, es estratégico: ¿Puede Chile seguir creciendo con los actuales niveles de tramitación?
La evidencia muestra que los tiempos largos y la incertidumbre regulatoria terminan desincentivando la inversión, afectando directamente la productividad del país.
De hecho, iniciativas recientes también han apuntado a simplificar procesos en evaluación ambiental y construcción, precisamente para acelerar la ejecución de proyectos.
Una oportunidad que Chile no puede seguir postergando
El fast track no es una solución mágica, pero sí una señal potente.
Una señal de que el país quiere:
- Recuperar dinamismo
- Atraer inversión
- Generar empleo
- Avanzar en proyectos estratégicos
Porque en el escenario actual, el mayor riesgo no es equivocarse… es no hacer nada.