Chile enfrenta uno de los mayores ajustes en los precios de los combustibles en décadas, en medio de una crisis energética global marcada por conflictos geopolíticos y fuertes presiones fiscales internas.
El Gobierno confirmó un incremento de hasta $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel, medida que responde directamente al alza internacional del petróleo y a la imposibilidad de seguir amortiguando los precios sin comprometer las finanzas públicas.
Un shock externo que se transmite con fuerza
El detonante de esta situación está fuera de las fronteras: el conflicto en Medio Oriente, particularmente el ataque de Estados Unidos a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de un 20% del petróleo mundial— provocó un aumento de más del 50% en el precio del crudo en apenas tres semanas.
El barril de petróleo Brent pasó de US$70 a US$110, generando un impacto inmediato en economías dependientes de la importación de combustibles, como Chile.
MEPCO bajo presión: el límite del subsidio
El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), diseñado para suavizar las alzas, alcanzó un punto crítico.
- Ha implicado un gasto acumulado de US$220 millones
- Solo en la última semana demandó US$140 millones
- De mantenerse el congelamiento, el costo subiría a US$160 millones semanales
- Absorber completamente el alza podría costar hasta US$4.000 millones
En este contexto, el Ministerio de Hacienda optó por permitir un ajuste más rápido hacia los precios internacionales, reconociendo que el nivel de estrechez fiscal hace inviable seguir sosteniendo el subsidio.
“Arcas vacías”: el trasfondo fiscal de la decisión
Uno de los elementos más críticos del documento es el diagnóstico fiscal:
- El Fondo de Estabilización del Petróleo (FEPP) contaba con solo US$5 millones disponibles
- La caja fiscal se encontraba en niveles históricamente bajos
- La deuda pública ha aumentado en US$40.000 millones desde 2022
- El déficit estructural alcanzó un 3,6% del PIB, el más alto desde la pandemia
Este escenario limita severamente la capacidad del Estado para intervenir en los precios sin generar efectos mayores en la economía.
Impacto directo en el agro y la economía real
El alza del diésel —clave para la operación agrícola— tiene consecuencias inmediatas:
- Aumento en costos de producción y maquinaria
- Mayor presión en transporte de alimentos
- Reducción de márgenes para productores
- Posible traspaso a precios finales
En un sector altamente dependiente de la logística, este ajuste se traduce en un encarecimiento estructural de la cadena productiva.
Medidas de contención: foco en transporte y hogares
Como respuesta, el Gobierno anunció un paquete de medidas dentro del plan “Chile sale adelante”:
- Congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago hasta diciembre de 2026
- Contención de tarifas en regiones
- Reducción y congelamiento del precio de la parafina durante otoño e invierno
- Subsidio mensual de $100.000 para taxis y colectivos
- Nuevas líneas de financiamiento para renovación de flota con enfoque en electromovilidad
Estas acciones buscan mitigar el impacto social de la crisis, aunque no eliminan la presión sobre sectores productivos.
Una señal estructural: vulnerabilidad energética
Más allá del impacto inmediato, este episodio deja en evidencia una realidad estructural: Chile importa el 100% de los combustibles que consume, lo que lo expone directamente a shocks internacionales.
La actual crisis no solo refleja una coyuntura compleja, sino también la necesidad de avanzar hacia mayor independencia energética y eficiencia en el uso de recursos.